miércoles, 31 de julio de 2013

Difieren en más de 4 mil homicidios dolosos cifras del Inegi y el SESNP

 Luis Lozano



DURANGO, Dgo. (apro).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) dan distintas cifras sobre el número de homicidios registrados en 2012, el último año del gobierno calderonista.
El organismo responsable de la estadística nacional informó que en los 12 meses del año pasado se cometieron en México un total de 26 mil 37 homicidios que, de acuerdo con la clasificación que ellos mismos presentan en sus documentos, cumplen con la característica de dolosos.

En contraste, el más reciente informe del SESNP precisa que en el mismo periodo se cometieron 21 mil 700 homicidios dolosos, esto es, cuatro mil 337 menos de los que reporta el Inegi, cuya información provino de los “registros administrativos generados por las entidades federativas, básicamente de defunciones accidentales y violentas”.
A diferencia del Inegi, el Secretariado Ejecutivo del SNSP sí precisa el total de homicidios culposos (accidentales), que ascendieron en dicho periodo a 16 mil 324 que, sumados a los intencionales, dan un total de 38 mil 24 casos.
En la clasificación de los asesinatos también existe una diferencia en la información aportada por el Inegi y el SESNSP: mientras que el primero señala que en 2012 perdieron la vida 16 mil 697 personas agredidas con armas de fuego, el órgano de la Secretaría de Gobernación registra 11 mil 107 homicidios intencionales bajo la misma modalidad.
En el apartado de muertes por arma blanca (agresión con objeto cortante), el informe del Inegi contabiliza 3 mil 400 los por 2 mil 442 del SESNSP.
El reporte del Inegi señala que sus estadísticas de homicidios fueron obtenidas de los datos proporcionados por cuatro mil 700 oficialías del Registro Civil y mil 107 Agencias del Ministerio Público, que actualizaron sus datos mes con mes durante 2012.
La base de datos 2012 del Secretariado Ejecutivo fue alimentada, según el propio documento, por la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con las procuradurías estatales.

Fuente Proceso

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