martes, 16 de julio de 2013

Exigen a la Segob reubicación de presos indígenas de Oaxaca

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Artistas e intelectuales exigieron a la Secretaría de Gobernación regresar de inmediato a la prisión de esta ciudad a los siete presos indígenas de Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Ellos fueron trasladados a un penal federal de Tabasco, informó el diputado local Flavio Sosa Villavicencio.
En una carta dirigida al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y firmada por el pintor Francisco Toledo, el actor Damián Alcázar, los escritores Guillermo Fadanelli, Tryno Maldonado y Leonardo da Jandra, el cineasta Rigoberto Perezcano y el abogado Gilberto López Jiménez advierten que el traslado de los presos implicó violaciones a leyes mexicanas y al derecho internacional.
Sosa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, consideró que con el regreso de Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José se restablecerá el Estado de derecho.

Luego de entregar la carta el director general para la zona Sur-Sureste de la Secretaría de Gobernación, Celestino Alonso Álvarez, el diputado del Partido del Trabajo manifestó que esta acción “es un llamado a restituir el Estado de Derecho, a que el gobierno cumpla con la ley, y confiamos en que pronto habrá una respuesta positiva”.
En la carta, los firmantes explicaron que el pasado 7 de junio los siete indígenas de Loxicha fueron trasladados –sin aviso a sus familiares– desde las penitenciarías de Santa María Ixcotel y de la Villa de Etla, Oaxaca, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 13, en Mengolí de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur del mismo estado.
A partir de entonces, las autoridades dejaron a los presos sin contacto con sus familiares por cerca de dos semanas, hasta que el 20 de junio los parientes tuvieron acceso al Cefereso de Miahuatlán, donde sólo por videoconferencias se les permitió ver a los presos, quienes denunciaron diversos malos tratos cometidos por agentes federales en el traslado.
Cuando los familiares hicieron públicas esas denuncias, los presos fueron trasladados de nuevo, el 21 de junio, al Cefereso de Huimanguillo, Tabasco, igualmente sin notificar a sus parientes.
En la carta, los firmantes señalaron que los sucesivos traslados contravinieron lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución federal, que establece que “los sentenciados (…) podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social”.
También es violatorio de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 44 establece que “todo recluso tendrá derecho a comunicar inmediatamente a su familia su detención o su traslado a otro establecimiento”, y del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
“Después de cada traslado de un lugar de detención o prisión a otro, la persona detenida o presa tendrá derecho a notificar, o a pedir que la autoridad competente notifique, a su familia o a otras personas idóneas que él designe (…) su traslado y el lugar en que se encuentra bajo custodia”, dice el Principio 16 del Conjunto mencionado.
Por ello, los firmantes solicitaron trasladar de inmediato de Tabasco a penales de Oaxaca a los presos indígenas Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Álvaro Sebastián Ramírez, Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José, detenidos desde 1996.
En la carta, en la que se señala copia al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Montragón y Kalb, y a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, también demandaron iniciar los procedimientos para investigar las violaciones a derechos humanos y sancionar a quienes las hayan cometido.
En el documento, que incluye una amplia argumentación jurídica, igualmente pidieron dar a conocer a los presos, sus familiares y al resto de la sociedad las condiciones bajo las cuales fue posible a ciertos funcionarios públicos violar los derechos humanos en este caso, y explicar las medidas que se tomasen para la no repetición de estos hechos.
Además del propio Flavio Sosa, la carta fue firmada por el pintor Francisco Toledo, el actor Damián Alcázar, los escritores Guillermo Fadanelli y Tryno Maldonado, el cineasta Rigoberto Perezcano, el filósofo Leonardo da Jandra y el abogado Gilberto López Jiménez.
Damián Alcázar es un actor mexicano que ha destacado en películas como El crimen del padre Amaro, Un mundo maravilloso, La ley de Herodes, El infierno y en el extranjero Las Crónicas de Narnia, entre otros filmes. Es el actor mexicano que más Arieles ha ganado.
Tryno Maldonado es autor de las novelas Viena roja, Temporada de caza para el león negro y Teoría de las catástrofes, entre otras creaciones literarias. Guillermo Fadanelli es autor de nueve obras en ese género, entre ellas Educar a los topos, Malacara, Hotel DF y Mis mujeres muertas. Rigoberto Perezcano dirigió la película Norteado, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cine Latinoamericano de Utrecht en 2010 y de un Ariel.

Fuente Proceso

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