sábado, 24 de noviembre de 2012

Suspenden clases 70 mil maestros de Oaxaca y cierran más de 30 vialidades.



Octavio Vélez Ascencio y Jorge A. Pérez Alfonso

Oaxaca, Oax., 23 de noviembre. Los 70 mil afiliados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieron clases y cerraron los accesos carreteros a esta capital y otros 30 puntos de la entidad para demandar castigo a los autores de la agresión ocurrida el miércoles contra sus compañeros en la Villa de Mitla.
Rubén Núñez Ginez, dirigente de la sección 22 del SNTE, demandó la destitución o renuncia del presidente municipal de esa localidad, Alejandro Galo Bautista Martínez, de Marco Tulio López Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y de José Antonio Iturribarría Bolaños, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Refirió que el Comité Ejecutivo Seccional repudia la violencia con la que los pobladores de Villa de Mitla –identificados con la sección 59 y el gobierno municipal priísta– desalojaron el miércoles a profesores de la sección 22 que bloqueaban la carretera federal 190 para exigir la entrega de un jardín de niños, una primaria y una secundaria, en Mitla, y un jardín de niños en Santiago Matatlán, en poder de la sección 59 del SNTE.
Núñez Ginez reiteró la exigencia principal del magisterio estatal de que el gobernador Gabino Cué Monteagudo cumpla su compromiso –asumido en mayo pasado– de que a más tardar en agosto pasado desaparecerían los 129 módulos (colegios irregulares) y recuperar las más de cien escuelas que la sección 59 del SNTE tiene en su poder desde 2006.
Ese año la sección 59 nació al amparo del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz como una maniobra para hacer contrapeso a la sección 22, que tenía paralizada la actividad escolar en el estado.

Muchos presidentes municipales, la mayoría priístas, llamaron a la naciente organización a hacerse cargo de sus colegios o a crear escuelas paralelas a las oficiales, en poder de los paristas.
A las 8 horas de hoy, los 37 sectores de la sección 22 comenzaron los cierres de las vías de comunicación; entre ellas tres tramos de la carretera federal 190 en la zona conurbada de la capital del estado: la salida a la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, el crucero con San Andrés Huayapan y en Santa María El Tule, cerca de la planta abastecedora de Petróleos Mexicanos. Asimismo, la carretera 175 Oaxaca-Puerto Escondido, en su entronque con el aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán.

En las principales ciudades y municipios de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Cañada y Mixteca también hubo cierres, lo que dejó incomunicada la entidad con la ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero.
Cientos de autobuses, vehículos de carga y automóviles quedaran varados y miles de personas debieron caminar para llegar a sus destinos o lugares de origen. También resultaron afectados turistas nacionales e internacionales y peregrinos de los estado de México, Puebla y Veracruz al santuario de la Virgen de Juquila.
Pasado el mediodía, la comisión política de la sección 22, encabezada por el secretario general Rubén Núñez Ginez, se reunió con funcionarios del gobierno estatal para la atención de sus reclamos. No se informó de los resultados.
El paro afecta a un millón 300 mil alumnos de 13 mil escuelas
Alrededor de las 17:30 horas los profesores empezaron a retirar sus bloqueos y abrir la circulación vehicular. El paro dejó sin clases a un millón 300 mil alumnos de 13 mil escuelas de educación prescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
El gobierno del estado emitió un comunicado en el que llamó al magisterio a expresar sus demandas sin afectar a la niñez en su derecho a la educación y sin incurrir en actos que conculquen el libre tránsito, la actividad laboral, económica y comercial.
La educación, subrayó, debe dejar de ser factor de división y encono en Oaxaca para convertirse en un sólido cimiento de unión, trabajo y progreso de la entidad. Conminó a la sección 22 a deponer posturas de fuerza y redireccionar sus peticiones por el cauce institucional, a fin de preservar el orden público y evitar mayores afectaciones a la sociedad oaxaqueña.

Fuente La Jornada

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