lunes, 15 de julio de 2013

“Presunto culpable”: efecto congeladora



Denise Dresser

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes, decía Martin Luther King. Y en México –en el ámbito judicial– estamos presenciando una injusticia monumental. Una injusticia sorprendente. Una injusticia que no debería ocurrir en estos días y en estos tiempos supuestamente democráticos. El linchamiento de Roberto Hernández y Layda Negrete, los abogados detrás de ese retrato doloroso pero fidedigno de nuestro sistema judicial que fue el documental Presunto culpable. El maltrato judicial que han recibido de los tribunales en el contexto de las demandas civiles que enfrentan por “daño moral” interpuestas por el policía judicial, el testigo y la familia del muerto. La mala fe demostrada por los jueces involucrados en el caso, que se sintieron exhibidos en el documental y ahora buscan la revancha.

Retratando nuevamente a un Poder Judicial que en lugar de aceptar sus errores, los niega. Un Poder Judicial que en vez de componer lo que está descompuesto, alega que no es así. Un Poder Judicial que en lugar de reconocer las fallas de su conducta, continúa cometiéndolas. Con jueces que –una y otra vez– demuestran parcialidad en contra de los acusados y los critican por haber producido el documental. Jueces que no permiten la introducción de cámaras en las audiencias por temor a la supervisión y a la rendición de cuentas que ello entrañaría. Jueces que le dicen a Roberto Hernández y a Layda Negrete que “fueron demasiado lejos”. Impartidores de injusticia reproduciendo las prácticas y las formas de pensar que precisamente Presunto culpable trató de erradicar.
En el contexto legal hay un término para lo que está ocurriendo en los tribunales mexicanos vis a vis las demandas al documental y a sus productores. Se llama el chilling effect, el “efecto congeladora”, y significa la inhibición del ejercicio legítimo de derechos naturales y legales a través de la amenaza de una sanción legal. Y el derecho que con más frecuencia se ve acorralado por esa amenaza es el derecho a la libre expresión. Libre expresión que Presunto culpable ejerció al exponer la mendacidad de los jueces, la falibilidad de los testigos, la falta de profesionalismo de los policías, la podredumbre del sistema judicial. Y ahora se intenta sancionar no sólo a Roberto Hernández y a Layda Negrete, sino a cualquiera que intente seguir sus pasos. Investigar. Comprobar. Evidenciar. Usar el cine como un catalizador para el cambio social. Ahora se busca, con demandas que exceden 3 mil millones de pesos, el efecto opuesto. Asegurar el silencio y la complicidad. Promover el ocultamiento y la opacidad. Permitir que el sistema judicial siga operando como siempre lo ha hecho: fabricando culpables, encarcelando inocentes, abusando de su autoridad y rehusándose a rendir cuentas ante la sociedad, de la cual rutinariamente abusa.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1915 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Fuente Proceso

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