jueves, 1 de agosto de 2013

El espionaje, una industria boyante



Emilio Godoy

Al menos 95 firmas en todo el mundo se dedican a fabricar y comercializar equipos para espiar a personas, empresas y gobiernos. Sistemas para el monitoreo e intercepción de llamadas telefónicas y correos electrónicos, software para identificar voces, rostros y datos, así como esquemas para la vigilancia subrepticia, se encuentran al alcance de quien pueda pagarlos. Si bien los gobiernos utilizan estos mecanismos para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, la ausencia de controles favorece la violación de derechos fundamentales.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la anuencia de varios gobiernos los fabricantes de programas informáticos de vigilancia prosperaron en años recientes hasta convertirse en un sector que obtiene ganancias millonarias y actúa con escaso control.

El reporte Sólo para sus ojos. La comercialización del espionaje digital elaborado por expertos de Citizen Lab, de la Escuela Munk de Asuntos Globales, y del Centro Canadá para Estudios de Seguridad Global de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Toronto, destaca:
“Otrora una capacidad exclusiva de unos cuantos Estados, las herramientas de intrusión comercial y monitoreo son ahora vendidas globalmente a precios bajos. Aunque esta tecnología es ofrecida frecuentemente como capacidad de intercepción legal, estas herramientas son usadas como un mecanismo de represión.”
Los Archivos Espías difundidos el 1 de diciembre de 2011 por la organización WikiLeaks enlistan 95 empresas de todo el mundo, de las cuales 32 son estadunidenses y 17 del Reino Unido. El resto se reparte entre una veintena de naciones. Ese listado exhibe 78 productos como interceptores de señales, virus informáticos, transmisores, grabadoras y programas de rastreo.
Esta información, complementada por las revelaciones de Edward Snowden, el excontratista de la estadunidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), ya produjo críticas en todo el mundo y pone en evidencia la necesidad de imponer controles a un sector que ha operado con toda libertad.
“Sólo vemos la punta del iceberg; aún no tenemos el cuadro total de este esquema masivo. Una de las cosas que se podrían hacer es implantar controles a la exportación, enfocados en el tipo de tecnología. Se controla por el tipo de actividad, no por su impacto negativo sobre derechos humanos”, comenta a Proceso Alinda Vermeer, responsable del área legal de Privacy International, organización inglesa dedicada a defender el derecho a la privacidad.
Con su proyecto Big Brother Incorporated la institución construyó una base de datos de compañías dedicadas a la venta de software las cuales asistieron entre 2006 y 2009 a seis conferencias mundiales de Sistemas de Apoyo a Inteligencia (ISS, por sus siglas en inglés), la mayor convención de espías del planeta. En esos encuentros se dan cita agentes gubernamentales y sus proveedores privados.
Por México acudieron representantes de las embajadas de las sedes donde se efectuaron las sesiones, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), de las secretarías de Gobernación y de Marina, así como de la compañía Obses, que le vendió el programa de espionaje a la procuraduría.
El 5 de junio último el diario inglés The Guardian reveló que la NSA ha estado reco­giendo información de usuarios de Verizon Business Network Services, Inc. Un día después ese periódico y The Washington Post dieron a conocer la existencia del programa secreto Prism, a cargo de la NSA, mediante el cual se accede a correos, documentos, audios, video, fotos y contraseñas de Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, PalTal, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Esos programas analizan en tiempo real­ la navegación, aplicaciones, contenidos como grabaciones, películas, imágenes o libros, direcciones electrónicas, virus y gusanos invasivos, formatos de texto y flujos de datos, como números de tarjetas de crédito.
En julio de 2010 The Washington Post publicó su investigación América secreta según la cual mil 200 agencias gubernamentales y mil 900 empresas trabajaban en actividades de contraterrorismo, seguridad interna y programas de inteligencia en 10 mil sitios confidenciales.
Se trata de un mercado con gran potencial. Según la consultora estadunidense Infonetics Research las ventas de productos especializados de esta tecnología totalizarán mil 600 millones de dólares en 2015, y la firma Market Research Media sitúa el mercado gubernamental estadunidense en mil 800 millones de dólares hacia 2018.

Intrusiones

Organizaciones como Privacy International estudian la aplicación de medidas eficaces contra el espionaje masivo indiscriminado que, en la mayoría de casos, viola las constituciones nacionales y leyes de privacidad y protección de datos. También busca limitar la venta global de esos programas, sobre todo en países con récords críticos de violación a los derechos humanos, como México.
“Tomaremos acciones civiles o penales contra las empresas y los países donde están basadas y sus licencias de exportación, preguntaremos a las autoridades sobre las autorizaciones para las exportaciones. Si tenemos indicios de que estos programas están siendo usados para reprimir o espiar activistas o disidentes, lo rastrearíamos al país donde están produciendo esa tecnología”, adelanta Vermeer.
El 1 de febrero último Privacy International, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, el Centro Bahréin para los Derechos Humanos, Bahrain Watch y Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentaron una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que investigue si Gamma Group violó los Lineamientos para las Empresas Multinacionales, al exportar el software vigilante FinSpy.
Este dispositivo forma parte de FinFisher, una línea de software de intrusión remota y espionaje desarrollada por Gamma International GmbH, con sede en Munich.
En el documento se argumenta que la corporación incumplió el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades, y no mitigó los impactos adversos de ese incumplimiento.
El pasado 24 de junio la Oficina de Contacto del Reino Unido con la OCDE difundió que este organismo aceptó la queja. En su comunicación esa dependencia indicó: “Gamma ha estado considerando publicar una política de derechos civiles, pero no está claro que pueda aplicar exitosamente esa política; también estima que una política más amplia para prevenir ventas a cualquier país con un criticable récord de derechos humanos sería inaplicable”.
En su informe Enemigos de internet 2013, la organización Reporteros Sin Fronteras catalogó a la francesa Amesys, la estadunidense Blue Coat, las alemanas Gamma International y Trovicor Gmbh, y la italiana Hacking Team, como los principales opresores de la red.

Detrás de la voz

Además de los programas de ciberespionaje adquiridos por la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Proceso 1915) y del servidor hallado en la empresa Uninet, filial de Telmex –Citizen Lab reveló este dato en su reporte de marzo pasado–, el gobierno mexicano compró equipos y programas de la corporación Speech Pro, subsidiaria de la rusa Speech Technology Center, para montar un sistema nacional de grabación de voces.
A este sistema pueden acceder más de 250 policías locales de las 32 entidades de la República, 24 horas al día y siete días a la semana. “Alta productividad, confiabilidad y una interfaz amigable han sido alcanzadas a través de una cantidad de tecnologías de punta, algoritmos e innovaciones tecnológicas por los más de 100 especialistas de la STC”, dijo la empresa en junio de 2010, cuando el esquema fue completado.
El sistema biométrico de voz identifica con rapidez a un hablante al comparar una muestra de la voz con las de la base de datos. La plataforma puede comparar tonos cortos grabados mediante varios canales como micrófonos, líneas terrestres y redes digitales.
Un reporte de la empresa, consultado por Proceso, presenta como caso de éxito el Laboratorio de Acústica Forense de Baja California, cuyas operaciones comenzaron en octubre de 2009.
El equipo disponible consta de estaciones de análisis de audio, identificación de voz en base de datos, programas de filtración de ruido y de análisis de autenticidad y de grabación, utilizados en casos de extorsión, terrorismo, amenazas telefónicas, casos de corrupción y secuestro.
“Hay que saber si se espía a la gente y quién lo hace. Si la policía tiene ese récord y está usando una herramienta intrusiva, ¿qué puede ocurrir si no sólo se usa en el combate al crimen, sino para espiar a gente que no ha hecho nada malo, como defensores de derechos humanos o grupos de la sociedad civil no gratos al gobierno? Siempre hay un riesgo de que se pueda utilizar para romper la privacidad y la libertad de expresión y no sólo enfocarse en criminales, sino también a otras personas”, plantea Vermeer.
“El uso de ingeniería social y ataques de programas de vigilancia comercial contra activistas y disidentes se está convirtiendo en cosa común”, concluye el reporte de la Universidad de Toronto.

Fuente Proceso

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