Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Unos 2 mil simpatizantes de la
Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) se manifestaron hoy para
exigir la libertad de los profesores Adela Gómez Martínez y Noé
Hernández Caballero, detenidos el jueves pasado por los presuntos
delitos de extorsión y motín.
Libertad Rincón, portavoz de la
ONPP, dijo hoy que luego de la captura de ambos activistas decidieron
marchar y realizar un plantón en la plaza central de Tuxtla, con el fin
de exigir al gobierno de Manuel Velasco la libertad de sus dirigentes.
Los
miembros de la ONPP protestaron a lo largo de varios kilómetros hasta
llegar a la plaza central y plantarse frente a las puertas de Palacio de
Gobierno, lugar del que, advirtieron, no se moverán hasta entrevistarse
con el gobernador o el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar.
La vocera de la ONPP leyó un comunicado en el que dijo
que la detención de sus compañeros es un acto de represión porque éstos
han encabezado causas que las autoridades no han podido resolver.
“Su
encarcelamiento se debe únicamente a que ambos enarbolan demandas que
el gobierno no ha resuelto, y éstas se basan principalmente en insumos
para la producción de alimentos, justicia, transporte y alto a los
feminicidios”, recordó.
Rincón Gómez explicó que la detención de
los dos maestros, con varias décadas de lucha social en las
organizaciones campesinas y en el sindicato magisterial, los obligó a
salir de sus comunidades para venir a la capital del estado y exigir que
ambos sean liberados.
Según la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), el jueves 15 se concretó una orden de aprehensión
girada por el juez Tercero Penal de delitos graves en contra de ambos
maestros, quienes presuntamente “realizaron una serie de bloqueos
carreteros en varios puntos del estado”.
La PGJE aseguró hoy que
“la denuncia fue presentada por diversos ciudadanos, quienes se vieron
vulnerados por el bloqueo carretero que un grupo de 80 personas realizó
en forma violenta el 8 de agosto en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San
Cristóbal de las Casas, en Tapachula, Frontera Comalapa y Comitán, razón
por la que la Fiscalía de Distrito Centro inició la averiguación previa
369/CEC9-T2/2013”.
De manera violenta, abundó la Procuraduría,
“se impidió el paso a los usuarios, así como al transporte de carga,
cuerpos de socorro, personas enfermas que requerían atención médica en
la capital del estado y turistas nacionales y extranjeros. Incluso
se realizaron actos de extorsión contra la ciudadanía, como el pago de
una cuota para el libre tránsito”.
Este lunes, diarios locales
publicaron una advertencia de Ramírez Aguilar, secretario general de
Gobierno, en el sentido de que no se tolerarán acciones de protestas que
afecten a terceros.
“Cualquier ciudadano puede manifestarse
pacífica y libremente, es un derecho que forma parte de sus garantías
individuales, lo que no es correcto ni legal es bloquear las vías de
comunicación como medida de presión, pensando que de esta manera
obtendrán respuesta a sus demandas”, se destaca en un despacho de
prensa.
Fuente Proceso
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