La de “El Silva”, una sentencia encubridora

Jorge Carrasco Araizaga

El pasado 14 de abril, en la edición 1902 de la revista Proceso, se publicó el siguiente texto sobre la decisión del gobierno de Veracruz que encabeza Javier Duarte, de sentenciar a Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva” como el asesino de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez. A continuación su reproducción íntegra:

Como se temía, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz le dio prioridad a la imagen del gobernador Javier Duarte. En vez de esclarecer el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de este semanario en el estado, la dependencia se dedicó a construir la culpabilidad de un individuo que no contó con recursos para defenderse, omitió perseguir al sospechoso principal e ignoró una por una las pruebas que la coadyuvancia aportó. Peor aún, con tal de que la sentencia se dictara antes del aniversario del crimen, las conclusiones contradijeron los peritajes iniciales de la misma procuraduría. Y la juez de primera instancia aceptó participar en la farsa intitulada “Duarte, protector de periodistas”.
La juez de primera instancia Beatriz Rivera Hernández le siguió el juego de simulación al gobierno de Javier Duarte de Ochoa y condenó a 38 años y dos meses de prisión al supuesto copartícipe del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.
Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en ese estado, Rivera Hernández se convirtió en la juez a modo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal. Con su sentencia, avaló las incongruencias y deficiencias en la investigación del homicidio, pero además incumplió sus propios ordenamientos para esclarecerlo.
El martes 9 la juez adscrita al Décimo Primer Distrito con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, dictó la condena contra Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, sin más argumentos que los de la PGJ, sin desahogar las pruebas solicitadas por la revista y sin esperar los resultados de los peritajes sobre la tortura a la que el ahora condenado dice haber sido sometido por elementos de la PGJ.
La sentencia de 38 años y dos meses, más una multa de 80 mil pesos, fue apelada por el Ministerio Público, que busca una condena mayor. También fue impugnada por la defensora de oficio de Hernández Silva, quien pretende una reducción de la pena para éste por ser sólo el copartícipe.
La apelación se radicó el miércoles 10 en la Séptima Sala y al día siguiente se le turnó a Edel Humberto Álvarez Peña, quien por decisión del exgobernador Fidel Herrera pasó de ser director del Registro Público de la Propiedad a magistrado.
La juez sólo siguió la “verdad jurídica” construida por la PGJ a partir de la confesión del condenado y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate, su hermana de crianza y esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la dependencia señala como el autor principal del homicidio. Tanto a la PGJ como a la juez le bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba pericial que demostrara esa verdad legal, ni huellas o muestras de ADN que inculparan a Silva.
Rivera Hernández dictó la condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró ni una sola huella del Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue asesinada el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.
Un dictamen pericial de la PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes después de consignarlo ante la juez, concluye contundente: “Los fragmentos dactilares latentes (dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva (indubitable), no corresponden en ubicación, situación, relación, forma y dirección”.
El dictamen está registrado con el número 18783 y fue firmado por Patricia Bautista Ramírez, perito de la Dirección de los Servicios Periciales y usuarios AFIS, un sistema informático que permite la captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares, como se explica en el mismo documento.
Esa prueba, que está integrada al expediente de la investigación ministerial 19/2012/PC, se la reservó la directora general de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, en cuyas manos dejó el caso el gobierno de Duarte. Por eso no aparece en la causa penal 358/2012 que resolvió la juez Rivera Hernández.
Para Lagunas carece de importancia que no se hayan encontrado huellas del sentenciado en el lugar donde se cometió un asesinato y un robo. Es más, de las ocho huellas que la PGJ dice haber recabado en la casa de la periodista, sólo una fue considerada útil por la dependencia. La huella se encontró en una botella de cerveza, de las varias que Regina Martínez invitó a sus victimarios según el MP de Veracruz.
“Jamás se dijo que la huella encontrada en una de las botellas” haya sido de Hernández Silva, justificó Lagunas la mañana del viernes 12 en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en MVS Radio. Insistió en que el robo fue el motivo del asesinato, pues en el medio año que se tomó para “esclarecerlo” la PGJ no abordó ninguna otra línea de investigación.
De la casa de la periodista desaparecieron una computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero se quedaron valiosos bienes como una computadora portátil nueva, una impresora y otros equipos electrónicos.
El condenado, presa fácil
En vísperas de cumplirse un año del homicidio, la juez apresuró su sentencia sin respetar lo que ella misma había autorizado. A solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), coadyuvante de la investigación, Rivera Hernández permitió que se aplicaran los exámenes del llamado Protocolo de Estambul para comprobar si El Silva fue torturado por la PGJ para inculparse.
La prueba estuvo a cargo de peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y se realizó apenas los pasados 26 y 27 de marzo en el penal de Pacho Viejo, donde está recluido El Silva. La PGR aún no da a conocer el dictamen.
La gestión de la FEADLE fue a insistencia de Hernández Silva, quien desde su primera declaración ante la juez alegó que estuvo secuestrado durante varias semanas en una casa de seguridad. Dijo que elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) lo golpearon y amenazaron con que matarían a su mamá si no se declaraba culpable.
Cuando resolvió la formal prisión de El Silva, el 2 de noviembre de 2012, en su resolutivo cuarto la juez Rivera Hernández le ordenó a la PGJ investigar esa denuncia contra sus agentes. Ni el procurador Amadeo Flores Espinosa ni Consuelo Lagunas respondieron. Ignoraron por completo a la juez.
No fue la única omisión de la PGJ. Al momento de remitir a El Silva ante la juez, el 31 de octubre de 2012, la Procuraduría evitó consignar a Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a pesar de que en la versión oficial aparece como el principal autor del crimen al asfixiar a la periodista y no obstante que el gobierno veracruzano lo considera prófugo.
De acuerdo con información obtenida por la FEADLE en las bases de datos criminales de Plataforma México, El Jarocho ha ingresado tres veces a la cárcel en Veracruz. Sin embargo, la PGJ no integró al expediente su ficha signalética; tampoco la agregó cuando solicitó a todas y cada una de las procuradurías del país su colaboración para detenerlo con “fines de presentación”.
Según Lagunas, El Jarocho es un halcón -informante callejero de la delincuencia organizada- y trabajador sexual que se contactó por última vez con su familia desde Mérida, Yucatán. Según la versión oficial, Regina Martínez mantenía una relación sentimental con él, en una doble vida de la periodista.
Para justificar esa relación, los servicios periciales de la PGJ elaboraron un dictamen sobre “la disposición victimógena” de la periodista: mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse y con un cambio de ánimo al final de su vida que, de persona muy reservada y desconfiada, pasó a ser “más alegre y entusiasta” tal vez por haber iniciado una relación o un encuentro” con alguien.
A las inconsistencias de la investigación encabezada por Consuelo Lagunas en la PGJ siguieron las omisiones de la juez. La principal: Rivera Hernández no participó en ninguna de las diligencias, en los supuestos careos de los testigos nunca aparece su firma y los documentos de esas actuaciones la dan por presente. En su representación estuvieron oficiales secretarios del juzgado.
De 35 años, sin ninguna instrucción escolar y portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), El Silva se convirtió en una presa fácil de la PGJ y del juzgado. En menos de seis meses le cambiaron cuatro veces de abogado, tres de oficio y uno particular que sin ser solicitado por el acusado sólo se presentó para decirle que era mejor que se le condenara de forma rápida para que no le pasara nada a su mamá.
En la cárcel se evitó que El Silva tuviera contacto con el resto de la población (Proceso 1897).
En la reconstrucción de los hechos previa a la sentencia, El Silva sólo hizo lo que se le indicó. “Fue la primera vez que entré a esa casa”, declaró a los ministerios públicos de la FEADLE.
Flagrantes omisiones
Horas después de la sentencia, la directora de Investigaciones ministeriales de la PGJ aseguró: “Todas las pruebas en contra del acusado están fortalecidas con la ratificación de los testimonios que se emitieron dentro de la investigación ministerial y las declaraciones videograbadas tanto de El Silva como de los testigos de cargo”.
Pero las inconsistencias y contradicciones abundan en el expediente de tres tomos integrado por Lagunas y examinado por Proceso y sus abogadas en Veracruz, Diana y Geraldyne Coq Toscanini. Entre las más importantes está el señalamiento de El Silva en su confesional sobre los momentos anteriores al asesinato. Según el sentenciado, la periodista bebió cerveza con ellos e incluso fue ella misma quien antes de la medianoche salió a comprar la bebida, dejando a los individuos en su casa. Cuando regresó, dice, puso música y comenzó a bailar con El Jarocho.
En esa versión, la reportera le reclamó a su novio que no la visitara con frecuencia. Él se molestó y comenzó a golpearla. Le pidió el dinero que guardaba, la siguió golpeando y la ahorcó.
Pero los mismos dictámenes de la PGJ también echan abajo esta supuesta explicación. Las conclusiones del peritaje fechado el 29 de abril de 2012, un día después del asesinato, señalan: “No se detectó la presencia de alcohol etílico (etanol) u otra sustancia de tipo volátil en la muestra de sangre de la C. Regina Martínez Pérez”.
A la juez tampoco le importó que la única huella de calzado que examinaron los peritos de la PGJ, de entre 25 y 26 centímetros, no fuera comparada con la pisada del acusado. La PGJ no le pidió a María del Rosario Morales Zárate -la hermana de crianza de El Silva, pareja de El Jarocho y quien declaró en varias ocasiones ante el MP- muestras de zapatos del prófugo, como sí lo hizo con varios testigos, incluidos periodistas amigos de Regina Martínez.
En su investigación, Consuelo Lagunas asegura que los peritos de la PGJ sólo recopilaron ocho huellas en el lugar del crimen. La FEADLE solicitó esas huellas a la PGJ para buscar a quién corresponden en las bases de datos nacionales, pero la dependencia veracruzana le entregó fotocopias de las huellas y declaró que sólo una era válida.
La fiscalía especial tampoco tuvo acceso a las muestras de ADN recogidas por la PGJ; ni de la sangre que había entre el baño y la recámara de la periodista, donde quedó su cuerpo, ni de la saliva en los envases de cerveza.
La FEADLE hizo su propia recolección de evidencias tres días después de la intervención inicial de los peritos estatales y alcanzó a tomar la muestra de una gota de sangre que quedó en el baño. De acuerdo con los peritajes de la PGR solicitados por la fiscalía especial, el ADN de esa muestra no pertenece a El Silva ni a familiares de El Jarocho.
Otra de las omisiones de Consuelo Lagunas fue darle seguimiento a las llamadas telefónicas que se hicieron de uno de los teléfonos celulares que utilizaba Regina Martínez y que era propiedad de Proceso. A pesar de que la empresa Iusacell le dio un informe detallado de las llamadas realizadas desde ese aparato horas después del asesinato, la PGJ no abrió ninguna investigación con esos datos.
Tampoco investigó nada sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez y los posibles intereses o personas que pudo afectar, a pesar de que la revista insistiera en que se ahondara en las publicaciones más recientes de la revista sobre el estado, y no sólo las escritas por su corresponsal.
Como coadyuvante, la revista dejó constancia ministerial de la última información sobre el estado publicada antes del asesinato. Es un texto del reportero Jenaro Villamil sobre las candidaturas del exprocurador de Veracruz Reynaldo Escobar, y del exdirector de Seguridad Pública Alejandro Montano a diputaciones federales para las elecciones del 1 de julio de 2012. Montano ganó y ahora es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
También quedó constancia ministerial de que el último trabajo encomendado a la corresponsal fue la supuesta participación del alcalde del PAN en Chinameca, Veracruz, en la delincuencia organizada. Martín Padua había sido detenido días antes, el 18 de abril, tras un enfrentamiento con militares.
Proceso también le informó a la PGJ que Regina Martínez había sido despedida del diario local Política como consecuencia de la cobertura que hizo de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica, en febrero de 2007, al inicio de la “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón. En esa muerte estuvo involucrado el Ejército.
Entre sus inconsistencias, Lagunas también olvidó cotejar la fecha del asesinato. En el comunicado que emitió después de que se dio a conocer la sentencia de la juez, se refirió a “los lamentables acontecimientos del pasado 27 de abril de 2012″.
La responsable del caso dejó de lado que la periodista murió a las cuatro de la mañana del sábado 28 de abril a causa de una “anoxia por estrangulamiento”, según se asentó en el certificado de defunción a partir de lo determinado por el Servicio Médico Forense de la PGJ.
Con nueve periodistas asesinados, tres desaparecidos y varios exiliados o forzados al retiro en menos de la mitad de su sexenio, el gobernador Javier Duarte protagonizó un espectáculo a principios de mes cuando recibió un cuestionado premio de una diezmada Asociación Mexicana de Editores de Periódicos “por su compromiso con la libertad de expresión”. Varios diarios de esa organización se deslindaron de inmediato.
En el mismo tono festivo que se le otorgó el premio a Duarte, Consuelo Lagunas dijo que “el esclarecimiento” del asesinato por parte de la PGJ y la sentencia de la juez demuestran “el cumplimiento de la ley en Veracruz” y que el fallo judicial “es muestra del trabajo profesional y responsable de la PGJ” para abatir la impunidad en el estado.

Fuente Proceso