Peña culminaría con 50% más muertos que Calderón: Insyde

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- De mantenerse el ritmo de muertes violentas registradas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al término de su gestión la cifra podría superar casi en 50% las reportadas durante el sexenio de Felipe Calderón, alertó Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
En su conferencia magistral Seguridad ciudadana en México: perspectiva de Insyde, López Portillo alertó sobre los riesgos de difundir un discurso en el que la violencia se disuelve en tanto que el sistema de seguridad nacional luce “extraviado”.

Con base en una investigación realizada por el semanario Zeta, que cifra el número de homicidios dolosos, de diciembre a julio pasados, en 13 mil 775, el director de Insyde resaltó que de mantenerse esa tendencia Peña Nieto culminaría su gestión con una contabilidad de 124 mil 975 muertes, lo que representa un incremento de 49.37% respecto de la herencia de Calderón, cifrada en 83 mil ejecuciones en seis años.
Para explicar por qué el Insyde tomó en cuenta la investigación de Zeta, López Portillo señaló que por el momento el gobierno de Peña Nieto no ha depurado sus cifras de violencia, por lo que los datos del semanario permiten realizar “una proyección a fin de cuentas sujeta a condiciones inciertas y futuras, pero es una advertencia” de lo que puede ocurrir si persiste ese fenómeno.
“Las cifras del gobierno federal no han sido depuradas, el gobierno federal está ensayando nuevas formas de contar e informar, no tenemos certeza a través del gobierno federal”, apuntó el investigador.
Al insistir en que es equivocada la estrategia de “darle cada vez menos visibilidad a la violencia, cuando la violencia sigue ahí y en algunos casos inclusive se incrementa”, el director de Insyde criticó que el gobierno de Peña Nieto haya difundido una nueva versión sobre el incremento de la violencia común sin ofrecer pruebas de su dicho.
“El gobierno federal está dando una nueva versión: el delito del fuero común está volviendo a crecer porque estamos teniendo éxito en el desarticulación de organizaciones que trabajan en el delito federal, y en consecuencia se trasladan a otras actividades para financiar a sus organizaciones, pero ¿dónde está la evidencia empírica de que así está sucediendo? No sabemos, son declaraciones políticas que pueden o no tener fundamento”, resaltó.
En su ponencia, con motivo del décimo aniversario del Insyde, el especialista criticó “la extraordinariamente sofisticada maquinaria burocrática de evasión del problema y aplastamiento de la innovación”.
También cuestionó a las “entidades federativas donde la delincuencia organizada ‘existe pero no existe’, porque su representación en el discurso político y mediático es menor y en ocasiones nula”, y recordó que “los problemas no se van porque no se les nombre; de hecho, puede suceder justamente lo contrario”.
Por lo pronto, con datos del INEGI, López Portillo apuntó que mientras en el primer año de gobierno del panista Calderón se cometieron 92 homicidios, en el mismo periodo pero de la actual administración priista ocurrieron mil asesinatos.
De acuerdo con la misma fuente, agregó que, de 2007 a 2011, el homicidio creció en 161%, y que las víctimas, en su mayoría hombres menores de 40 años, aumentaron en ese mismo periodo en 194%.
Además, alertó que en entidades como Chihuahua la esperanza de vida disminuyó en un año de forma dramática. Así, mientras en 2009 la esperanza de vida en ese estado era de 71.3 años, en 2010 se ubicó en 62.5 años, mientras que la media nacional en este último año se fijó en 71.1.
Para entender dónde está parado México a escala internacional, resaltó que en delitos como el secuestro ocupa el segundo lugar, sólo superado por Nigeria.
López Portillo advirtió que el incremento de operativos policiaco-militares se ha traducido en un aumento de violaciones a derechos humanos. Así, mientras en 2007 se llevaron a cabo 27 operativos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 182 quejas contra fuerzas federales; en 2008 la proporción fue de 56 operativos contra mil 230 quejas; en 2009, 98 operativos contra mil 791 denuncias, y en 2010, 86 operativos contra mil 415 denuncias.
Sobre el surgimiento de policías comunitarios y de grupos de autodefensa en el país, López Portillo dijo en entrevista que cada caso tiene sus particularidades, toda vez que en algunos si bien hay grupos con base social, como la policía comunitaria nacida en Guerrero en 1995, en otros no es tan claro su origen.
“Hay también organizaciones armadas comunitarias reactivas ante el incremento de la violencia local, y por otro lado se crean los grupos de autodefensa en otros estados del país que pueden estar inspirados en una crisis de violencia”, apuntó.
En otros casos, acotó, “el Estado o los municipios no protegen a las comunidades, pero también pueden ser grupos armados que podrían estar financiados por intereses delictivos, eso no lo sabemos”.
Sobre las detenciones a miembros de grupos de autodefensas en Michoacán y de policías comunitarios en Guerrero, López Portillo rechazó que esa sea la solución del problema que tiene su origen en “la impunidad; la respuesta tiene que ser integral porque si no las condiciones siguen ahí y se sigue reproduciendo el problema. La diferencia está en enfrentar los síntomas o las causas profundas del crimen”.

Fuente Proceso