lunes, 5 de agosto de 2013

Proyecto alternativo de reforma petrolera tecnicos y profesionistas de #PEMEX por @Tuiteramx


PRÓLOGO
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros –UNTyPP– presenta en este documento su propuesta energética, muy diferente a la iniciativa de reforma que se espera por parte del Lic. Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Como ya se está haciendo costumbre, a partir de 1982 y para darle vuela a los artículos de contenido nacionalista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el presidente en turno enviará al Poder Legislativo una iniciativa de reforma energética entreguista y privatizadora, ya sea a través de reformas a la propia Constitución Política o por la creación o modificación de leyes secundarias. Por lo tanto,
¡Alertamos a todos los mexicanos!
La situación es grave, porque las cámaras cuentan con mayoría de legisladores que tienen intereses en común con la clase empresarial.
Esta acción se hará sin duda con la intención de legalizar lo que anteriormente no estaba permitido: ceder el control de los energéticos a las grandes empresas transnacionales. El propósito de la reforma de Peña Nieto es abrir las puertas al capital privado nacional y extranjero en áreas que la Constitución Política de México reserva actualmente al uso y control exclusivo del Estado mexicano, por ser de carácter estratégico para el desarrollo industrial del país en beneficio de la población.
Frente a este intento de entregar al extranjero lo que queda de la industria petrolera, sostenemos que un sector energético nacional puede y debe ser el motor de la reindusrialización de México en el siglo XXI. Ello perfila a Petróleos Mexicanos como la columna vertebral de una amplia gama de cadenas productivas en el país. Requerimos reconstruir una industria petrolera nacional, bajo administración pública, transparente, segura, productiva, sustentable, eficiente y respetuosa de las comunidades y los derechos humanos laborales. Nuestro propósito es que este trabajo contribuya a la discusión y análisis crítico del tema que nos ocupa.
INTRODUCCIÓN.
Los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), vemos tres grandes etapas en la explotación petrolera en México.
La primera, cuyos inicios se ubican a fines del siglo XIX con los primeros alambiques y refinerías propiedad de extranjeros. Porfirio Díaz legalizó y otorgó concesiones de explotación a compañías extranjeras que llegaron a controlar 90% de los campos petroleros. Éstas llevaron a cabo toda clase de trampas en contra del marco legal, la hacienda pública y los intereses de los trabajadores mexicanos. A pesar de que los principios de soberanía nacional fueron incorporados a la Constitución de 1917, prácticamente no se aplicaron; en los hechos, las compañías extranjeras mantuvieron el control sobre le petróleo de México y sus beneficios.
La segunda comenzó con la expropiación de 1938, cuando los trabajadores petroleros exigieron el reconocimiento de su sindicato nacional y su contrato colectivo único, logrando la unidad del pueblo y gobierno en contra del saqueo y arrogancia de los inversionistas extranjeros.
Cabe señalar que la explotación y comercialización petrolera por una empresa propiedad de la Nación, favoreció el proceso interno de acumulación de capital mediante la industrialización del país y la consolidación de la “iniciativa privada”, pero también contribuyó a la creación de una burocracia política y sindical corrupta y derrochadora de los recursos petroleros. De hecho, ésta fue incapaz de enfrentar la crisis económica y financiera de los años 80.
La tercera etapa inició con el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1982 (quien impulsa el neoliberalismo en el país) y continúa hasta hoy. La política energética, y en particular la explotación de los hidrocarburos, ha consistido esencialmente en la utilización de Petróleos Mexicanos, organismo del Estado responsable de su explotación, como garantía de pagos de los intereses de la deuda externa e interna a favor de la banca internacional, durante la fase de ajuste estructural (1982-1994) y después, como soporte fiscal y de divisas del Estado, en una economía política tributaria y dependiente, en la que las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, alcanzan fases extraordinarias de acumulación en México, por la sistemática reducción de sus aportaciones fiscales para el desarrollo nacional.
Es importante destacar que los gobiernos neoliberales, orientados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los Estados Unidos de América, han establecido deliberadamente durante los últimos 30 años una política de dependencia energética. Esto ha sucedido
  • a través de la exportación acelerada de petróleo crudo sin valor agregado;
  • la utilización de la renta petrolera y de los impuestos obtenidos para sustituir el vacío de aportación fiscal de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, y
  • la utilización de las divisas petroleras para compensar la balanza comercial y de pagos.
Las corporaciones globales han sustituido al Estado en una parte importante de las actividades de la industria petrolera que la Constitución reserva al Estado mexicano, y de parte sustantiva de la generación de la energía eléctrica.
Esto se ha dado por medio de un sistema ilegal de privatización a través de modificaciones a leyes secundarias y un sistema de contratos que se corresponde con la sistemática desinversión en infraestructura, refinación y petroquímica, que ha conducido al país a una situación de dependencia energética creciente y a la creciente dificultad de utilizar al sector energético para contribuir al financiamiento del desarrollo nacional.1
Desde los años de Díaz Serrano se inició la continua, sistemática y permanente dilapidación de los recursos naturales, que se ha manifestado por una extracción acelerada de los hidrocarburos sin reponer las reservas extraídas y con ello, la drástica caída de las reservas probadas.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se aceleró aún más la explotación de crudo, hasta que se inició su declinación con Calderón por la baja de producción del campo Cantarell, misma que la criminal inyección de nitrógeno, en lugar de gas natural, no pudo impedir. La importación de productos refinados también inició con Zedillo y aumentó bruscamente con Fox y Calderón, por negocios privados de los gobernantes. Las reservas se pudieron estabilizar apenas con Calderón, incurriéndose para ello en altos costos.
Como resultado de los compromisos del TLC y de la imposición del Consenso de Washington, se continuó con la disminución del Estado en el sector energético.
Esto significó el acelerado debilitamiento de Petróleos Mexicanos con
  • una creciente participación de la iniciativa privada;
  • la concentración y el aumento constante en las cuotas de exportación de crudo a los Estados Unidos de América (arriba del 80% de nuestras exportaciones van hoy día a ese país), y
  • el incremento artificial de los precios de los combustibles al mercado nacional y la adopción a rajatabla de especificaciones internacionales de calidad ecológica para los combustibles elaborados por Petróleos Mexicanos.
Lo anterior también provocó que la adquisición de bienes y servicios provenientes de proveedores nacionales, por efecto del TLC, pasara de alrededor de 70% a 25%.
En el sexenio de Salinas se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, mediante la que se creó a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, como entidades paraestatales con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que provocó una desorganización hasta la fecha no resuelta en la empresa.
Con la reclasificación de productos petroquímicos que disparó Miguel de la Madrid, Salinas intentó privatizar parte de la actividad petroquímica y Zedillo, vender Pemex Petroquímica (PPQ), lo que en combinación con la aplicación del ciego criterio de precios de transferencia interna a precios de mercado, resultó en un fracaso total, provocando la muerte de la petroquímica mexicana, en un tiempo de las más poderosas de mundo.
Desde ese entonces, Petróleos Mexicanos ha desarrollado cada vez menos proyectos con recursos propios o por administración directa, al fomentar la participación privada en actividades exclusivas del Estado, mediante el contratismo generalizado y posteriormente con los llamados contratos de servicios múltiples (CSM) y contratos integrales. Hoy día queda de Petróleos Mexicanos poco más que puro cascarón administrativo. Los trabajadores manuales y parte de los mandos medios han sido sustituido por la ola naranja de contratistas, los técnicos y profesionistas están súper explotados en unas áreas y relegados en otras, y la dirección está en manos de financieristas que no saben de la industria y que ante cualquier problema, recurren a las llamadas soluciones de mercado, llevándose jugosas comisiones o garantías de empleo en el extranjero a futuro, en vez de crear capital intelectual, como aquel con el que contaba Petróleos Mexicanos todavía en los años 80, o con el que cuenta actualmente Brasil.
Hoy en día, todas las actividades de importancia son realizadas por compañías privadas.
Este es el caso de
  • los estudios integrales de yacimientos, que no es otra cosa que a entrega paulatina del proceso industrial completo del gas a la IP (perforación y terminación de pozos; las plataformas de producción y procesamiento y compresión de gas; los ductos y la entrega de gas entubado al consumidor), esquema que ahora se quiere repetir con el crudo para dárselo a refinadores privados que propone la Reforma Energética de Peña Nieto;
  • la reconfiguración de las refinerías Cadereyta, Ciudad Madero y Minatitlán (financiamientos mediante los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto -PIDIREGAS-, ahora conocidos como Proyectos de Inversión de Largo Plazo), que no es otra cosa que la contratación de deuda privada onerosa, iniciada por Ernesto Zedillo y que ahora representa graves problemas de balanza de pagos;
  • los proyectos integrados, adjudicados a la compañía Schlumberger para el “desarrollo de las reservas del Chicontepec” y que, ahora sabemos, resultaron totalmente fallidos para los mexicanos, no así para las compañías beneficiadas, en uno de los casos más evidentes de extranjeros impulsando la toma de decisiones contra el interés nacional.
    Algunos de estos proyectos, como las reconfiguraciones, eran necesarios, pero se pudieron haber llevado a cabo mayoritariamente con ingeniería e inversión pública nacionales, de haber habido voluntad política. En todos estos casos, el capital intelectual y recurso humano nacionales, que son lo más valioso, ha sido sustituido por personal extranjero.
Las licitaciones de los proyectos citados fueron “ganadas” por firmas extranjeras con nivel tecnológicamente similar o inferior al de las nacionales. Un caso notorio es el de Sunkyong, que “ganó” las licitaciones para Cadereyta y Madero, a pesar de que su ingeniería y experiencia eran inferiores a la calidad y experiencia de Bufete Industrial, ICA y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Sunkyong importó ingenieros, supervisores, soldadores y personal de construcción, a pesar de que existe y estaba desempleado personal mexicano. Además, esta compañía coreana importó pilotes de concreto para cimentaciones, cuando México es un país exportador de cemento y varilla de acero y mano de obra calificada para producirlos.
Increíblemente, años después Petróleos Mexicanos aún promueve demandas contra esta empresa y su socia Siemens, en vez de encarcelar a los funcionarios mexicanos que provocaron esta tragedia.
Desde que se llevó a cabo la división de Petróleos Mexicanos en Organismos Secundarios, se produjeron:
  • la desarticulación de áreas estratégicas;
  • la interrupción o fragmentación de las cadenas productivas;
  • la nociva imposición de precios de transferencia entre subsidiarias en perjuicio fatal de la cadena productiva con la pérdida de empleo a nivel nacional;
  • la sustitución masiva de personal capacitado por la contratación, también masiva, de empresas privadas nacionales y extranjeras;
  • la comercialización de productos con precios indexados al mercado norteamericano y la multiplicación y superposición de áreas administrativas, que en su conjunto han restringido la eficiencia y eficacia de Petróleos Mexicanos como motor del desarrollo nacional.
Cada organismo de Petróleos Mexicanos comenzó a desarrollar su “Plan de Negocios” en forma separada de las demás y en descoordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lugar de aplicar la planeación integral del sector y la búsqueda del óptimo balance energético nacional. Lo que el gobierno de los últimos 25 años ha querido y conseguido, es convertir al país en proveedor de petróleo crudo a Estados Unidos e importador creciente de gas, petrolíferos, petroquímicos y químicos, al grado de que hoy día la balanza comercial nacional (pública y privada) de productos petrolíferos y petroquímicos es negativa. La aplicación de políticas de mercado han sido garantía de desarticulación de todo proyecto nacional.
Internacionalmente, se ha llevado a Petróleos Mexicanos a una situación financiera insostenible, manteniéndose en línea con las políticas de seguridad energética de los Estados Unidos y de negocios de las transnacionales.
La iniciativa de reforma energética de Felipe Calderón significó más de lo mismo:
  • una mayor inversión de compañías privadas en una amplia gama de actividades del proceso petrolero, mediante el cierre de áreas de Petróleos Mexicanos (proyectos, construcción, operación) al tiempo que se despidió a técnicos altamente calificados, con la consiguiente pérdida de valor económico y destrucción de fuerzas productivas;
  • más merma injustificada de reservas petroleras;
  • más daños a yacimientos e infraestructura de transformación y transporte;
  • volúmenes crecientes de importación de gas natural, petrolíferos, petroquímicos y químicos;
  • desintegración adicional de las cadenas productivas;
  • incremento del desempleo y la migración;
  • evolución continuada de la empresa a una situación financiera insostenible.
En fin, que se ha continuado deteriorando en forma deliberada el patrimonio nacional para acentuar la dependencia hacia el exterior.
El principal problema de Petróleos Mexicanos no es su pasivo laboral, como se pregona en los medios informativos, ni la supuesta ignorancia de sus trabajadores y mandos medios (en todo caso, la ignorancia y mala fe de sus mandos superiores, que además de su pésimo desempeño, usan a la empresa como agencia de colocaciones y trampolín político), ni siquiera las aducidas malas prácticas del sindicato de trabajadores manuales, sino el régimen fiscal confiscatorio y el trato de “vaca lechera” al que la empresa está sometida desde 1992 y cuya consecuencia, con poco remedio después de las reformas de 2008, ha sido el decaimiento de las instalaciones y la incapacidad de realmente reaccionar a las necesidades de una muy cuestionable estrategia de globalización.
Imagen de la debilidad financiera que proyecta la división de la empresa en organismos ha creado así, unto con el contratismo, las condiciones para la desaparición de la misma y que sea sustituida por cientos de empresas privadas, en su mayoría de origen extranjero, las cuales, por la dinámica de la economía globalizada, se concentrarían con tiempo en pocas transnacionales, mismas que son capaces de derrocar gobiernos si así les conviniera. La revisión del discurso de nacionalización petrolera de Lázaro Cárdenas nos muestra que hay realidades que no cambian. Apenas en 1985, mientras de la Madrid llevaba a cabo los primeros golpes a Petróleos Mexicanos, Shell se encargó de derrocar al gobierno de Nigeria, país petrolero, para obtener “memorándums de entendimiento”.
En resumen, todo lo hasta aquí anotado se ha llevado a cabo en el contexto de la irresonsable “reforma” neoliberal del Estado a favor de las corporaciones globales, con los siguientes propósitos:
  1. Subordinación de la Constitución al poder corporativo global y a los tratados internacionales de naturaleza económica.
  2. Definición de políticas públicas, leyes, presupuestos y de la política económica del Estado-Nación, en función de la acumulación global del capital.
  3. Socialización de las pérdidas y quebrantos económicos de empresas y organismos públicos a la población, y privatización de beneficios e intereses públicos por corporaciones globales nacionales y extranjeras.
  4. Eliminación de la planeación y el fomento económico estratégico por parte del Estado, frente al mercado mundial.
  5. Tendencia a la privatización de las actividades sustantivas de las áreas estratégicas del Estado, de servicios públicos e infraestructura.
  6. Apropiación corporativa de las compras de gobierno, mediante contratos de largo plazo con corporaciones globales.
La intención es, pues, regresar a las condiciones previas a 1938, o incluso previas a 1910, y lo único que todavía en la mente de los gobernantes separa la condición actual de esa situación, es la dependencia fiscal que el gobierno tiene con respecto de Petróleos Mexicanos. En vez de aprovechar las condiciones naturales del país para reforzar la planta industrial de Petróleos Mexicanos, la única preocupación actual del gobierno es cómo lograr esa privatización sin perder sus ingresos fiscales. Por eso, el gobierno está preparando una reforma fiscal agresiva a la población en general, no para reinvertir en el mejor negocio de los mexicanos (la energía), sino para poderlo privatizar sin problema. Hace tiempo que la contribución tributaria de la empresa ha permitido consentir fiscalmente a grandes capitales nacionales y extranjeros, los únicos que no serán afectados por la reforma de impuestos que viene.
En cuanto a la actual fuerza de trabajo de Petróleos Mexicanos, su destino parece ser el desempleo o la recontratación, en combinación con la reciente reforma laboral, a condiciones contractuales de alta explotación.
Todos los países petroleros del mundo, incluido Estados Unidos, defienden su soberanía energética. Sólo en México se sigue sosteniendo el curso de la fragmentación del país, la nación, la soberanía y el Estado a través de esa ley de la selva denominada Globalización en la que el rey es, desde luego, el vecino país del norte: Estados Unidos.
NUESTRA POSICIÓN.
Los trabajadores Técnicos y Profesionistas Petroleros, creemos que el destino de México ante la economía global en el corto, mediano y largo plazos, es la de convertirse en potencia económica tecnológico-industrial en el siglo XXI, como condición indispensable para garantizar bienestar y derechos humanos de todos los mexicanos. En consecuencia, rechazamos tajantemente que la solución a los problemas de la industria petrolera sea la inversión privada mediante inconstitucionales “alianzas estratégicas”, contratos de servicios múltiples, contratos integrales o la apertura de una parte de su capital en la Bolsa de Valores.
Por supuesto que queremos fortalecer a Petróleos Mexicanos, pero debe ser al paso de nuestra experiencia y los recursos humanos disponibles en nuestro país. Para nosotros, fortalecer a Petróleos Mexicanos no es ceder concesiones y contratos a empresas privadas transnacionales, ni despedir a los técnicos y profesionistas como en esos movimientos se hace, sino tener una planeación a corto, mediano y largo plazos. La competitividad nacional para producir bienes y servicios de alta calidad a precios iguales o menores a los de otras naciones, mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, la formación y capacitación de los trabajadores, la eficiencia empresarial y de las instituciones públicas que permite elevar la productividad del trabajo humano en una relación sustentable con la naturaleza.
La competitividad nacional, entonces, la entendemos como UN NUEVO PACTO SOCIAL PARA CREAR Y DISTRIBUIR LA RIQUEZA Y EL INGRESO, que permita elevar de manera simultánea los salarios de los trabajadores, las utilidades empresariales y los impuestos, lo que en conjunto elevará de forma sostenida y sustentable la calidad de vida, el desarrollo humano y la esperanza de vida de toda la población, garantizando con ello las libertades, el Estado de derecho, los derechos humanos de los individuos, los derechos sociales de la nación y la soberanía o autodeterminación de la comunidad nacional.
Nuestra posición también parte de la siguiente convicción: El sector energético puede y debe ser el motor de la rendustrialización de México en el siglo XXI. Ello perfila a Petróleos Mexicanos como la columna vertebral de una amplia cadena productiva del país que ponga cuidado en educación y cultura, investigación y desarrollo tecnológico, servicios y estudios diversos, diseño y construcción de herramientas tecnológicas, desarrollo de plantas e infraestructura, comercialización llevada con eficiencia, responsabilidad y honestidad, sustentabilidad ambiental, etcétera.
Estamos justo a tiempo para recobrar nuestra soberanía y tenemos muchos puentes para lograrlo. Sólo por poner un ejemplo: ¿qué se puede hacer en el caso de la tecnología para extraer petróleo en aguas profundas, si como nación ya nos urgiera? Pues simplemente se puede rentar, como lo hacen las transnacionales Exxon-Mbil y Shell, mismas que no reparten sus ganancias con sus contratistas. Mejor aún, otra referencia y sólo como ejemplo también, puede ser el modelo brasileño con su desarrollo de tecnologías propias. Ese país invierte miles de millones de dólares anualmente en ello y en capital humano.
Estamos por una política que optimice la explotación de los recursos naturales, que garantice la seguridad energética para esta y futuras generaciones; que sea un ejemplo de transparencia y uso adecuado de los recursos públicos, así como en la inclusión de los costos y deberes ambientales y sociales en el desarrollo de las empresas.
Pretendemos ejercer nuestro derecho a decidir sobre el destino de la riqueza generada socialmente en la producción petrolera y su industrialización, y por un nuevo rumbo de nuestra nación.
Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la participación de intereses privados y extranjeros en la funciones de planeación, dirección y control de las actividades estratégicas del país. Consideramos que por definición, la soberanía y las actividades estratégicas no deben estar de ningún modo sometidas o expuestas a los efectos de las llamadas leyes de mercado.
Por eso hemos decidido presentar propuestas elaboradas con riguroso soporte técnico y económico, como una contribución al debate por un proyecto para la industria petrolera, para garantizar -como ya dijimos- la soberanía, la seguridad energética y el suministro de hidrocarburos a corto y largo plazos, mediante la explotación racional del petróleo y el gas natural, para obtener el máximo beneficio social y propiciar el verdadero desarrollo del pueblo de México. Para ello, requerimos reconstruir un Petróleos Mexicanos bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos laborales.
PROYECTO ALTERNATIVO DE REFORMA PETROLERA EN OCHO PUNTOS ESTRATÉGICOS:
1. El desarrollo social nacional, prioridad del reparto de la renta petrolera.
  • Restablecer la legalidad constitucional y detener la transferencia de operaciones y renta petrolera al sector petrolero.
  • Derogar las reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y hacer una revisión a fondo a la Ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento para realinearla al mandato constitucional.
  • Cancelar los contratos de servicios múltiples, “ampliados”, “autofinanciables” o “integrales” y todo tipo de convenio que autorice a particulares realizar actividades reservadas al Estado.
  • Asegurar que Petróleos Mexicanos conserve una parte sustancial de los ingresos que genera para financiar proyectos estratégicos en exploración, producción y transformación industrial.
  • Realizar una reforma fiscal que realmente despetrolice el presupuesto federal, sobre la base de quitar los privilegios al capital nacional y transnacional en materia fiscal, de ampliar el padrón de contribuyentes y aplicar de manera eficaz las actuales tasas impositivas.
  • Considerar el consumo doméstico en gas LP o gas natural como parte de la canasta básica.
  • Emprender o, en su caso, ampliar programas en las comunidades asentadas en zonas petroleras que las conduzcan a obtener y aplicar con justicia social los beneficios de la riqueza petrolera y construir e implantar el funcionamiento de Consejos Comunitarios que impulsen y evalúen los avances de un Plan para la seguridad y operación sin riesgos de la industria petrolera y con desarrollo comunitario en zonas petroleras.
  • Suspender los aumentos de precios a las gasolinas y diésel que periódicamente se realizan en nuestro país como impuesto disfrazado, pues actualmente las gasolinas son más baratas en Estados Unidos que en México, por lo que no se justifica.
2. Seguridad energética y desarrollo económico nacional, prioridades de la planificación a corto y largo plazos.
  • Establecer una nueva relación entre el Estado y Petróleos Mexicanos, donde el primero establezca como mandato la orientación y objetivos de la política energética, y el segundo cuente con plena libertad operativa para su ejecución eficaz y eficiente.
  • Asegurar la coordinación de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para alcanzar el balance óptimo energético nacional; ambas instituciones apoyadas con el desarrollo de nuevos proyectos preparados en forma conjunta por nuestras capaces y orgullosamente mexicanas UNAM, IPN, IMP, IIE, Pemex y CFE, financiados con parte de los excedentes petroleros.
  • Mantener, sin aumentar en el corto plazo, las exportaciones de petróleo crudo, sobre la base de evitar la sobreexplotación de yacimientos y generar divisas para financiar los proyectos de desarrollo nacional, priorizando siempre entregar al sistema de refinación, el petróleo crudo necesario para que trabaje el 100% su capacidad instalada (1 millón 690 mil barriles al día).
  • Determinar en el corto plazo los precios interorganismo de las filiales de Petróleos Mexicanos, no sobre la base de precios de referencia internacional, sino de sus costos reales de producción, a fin de aprovechar las ventajas comparativas y potencial de largo plazo del país, propiciar el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos como exportador de productos procesados y de las cadenas productivas necesarias para este fin.
  • Priorizar la formación de expertos mexicanos en exploración y explotación en aguas profundas, en colaboración con países productores y no con empresas transnacionales.
  • Rechazar el mecanismo de bonos, dado que tarde o temprano los mismos (al igual que en el caso de una apertura del capital en la Bolsa) quedarán concentrados en pocas manos.
3. Desarrollo tecnológico de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
  • Realizar esfuerzos tecnológicos de largo plazo para asegurar la competitividad de los productos procesados de exportación, así como para desarrollar tecnología ambientalmente sustentable. La responsabilidad será de Petróleos Mexicanos y el proveedor prioritario para este fin, el Instituto Mexicano del Petróleo.
  • Siendo notoria la exclusión del IMP en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2017, incluir por decreto y de manera directa a dicha institución en la responsabilidad de los objetivos y líneas de acción relacionadas con la exploración, explotación, refinación y petroquímica.
  • Sacar al IMP y su desarrollo de la lógica de la mercantilización de la investigación y reorientarlas según el carácter estratégico de la industria petrolera, por lo que deberá estar 100% dedicado a la investigación básica y aplicada al servicio de Petróleos Mexicanos, con recursos públicos. Las labores de docencia deberán estar concentradas únicamente en doctorados sobre las líneas de investigación oficial del IMP, no en otro tipo de cursos y diplomados.
  • Priorizar Petróleos Mexicanos al IMP en las adquisiciones de tecnología frente a terceros, y sólo acudir a éstos en caso de ausencia de soluciones de parte del IMP. En cuanto a terceros, deberá priorizar a proveedores nacionales por encima de extranjeros. Esto deberá ser rigurosamente auditado. Si esto encuentra límites de cualquier tipo por la aplicación del TLCAN, el Estado deberá evaluar de forma prioritaria la revisión de tal tratado. Solo de este modo se podrá recuperar lo expresado en el decreto vigente de la constitución del IMP: “Este organismo tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por las industrias petrolera, petroquímica y química”.
  • Destinar partidas presupuestales excepcionales para modernizar la infraestructura del IMP y la actualización de su personal, condiciones en las que actualmente se encuentra rebasado por otras empresas e instituciones que operan como competencia del IMP, a fin de permitirle cumplir el mandato señalado a cabalidad.
  • Instrumentar esquemas operativos y financieros multianuales de largo plazo con Pemex para evitar la dependencia de autorizaciones financieras anuales de Pemex y SHCP en la asignación de recursos y recontratación de personal eventual, evitando retrasos en la entrega de resultados a Pemex, desfase de programas de trabajo y pérdida de calidad de sus productos.
  • Disponer que las pruebas de escalamiento de tecnologías sean dirigidas ya sea por Petróleos Mexicanos o por e lMP, según convenga en cada caso, no por terceros.
  • Garantizar que la comercialización de productos, proyectos y servicios no distraiga en ningún caso al IMP de sus responsabilidades, y que tal comercialización sea, al igual que la docencia, una actividad secundaria y sólo en función del crecimiento teórico-práctico del conocimiento de la propia institución. Tal medida requerirá dar marcha atrás parcialmente a las reformas al decreto del IMP implantadas en 2001.
  • Debe entenderse entonces que el IMP no deberá tener la orientación de una institución comercial y que no será parte de las responsabilidades del IMP funcionar únicamente con recursos propios, lo cual únicamente lo distrae de sus obligaciones estratégicas, interpretándose con esto que la naturaleza estratégica del IMP debe excluirlo de la moda de forzar a las instituciones de investigación a la rentabilidad de proyectos y servicios a corto plazo.
4. Explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos.
a) En explotación de crudo:
  • Explotar en forma racional y eficiente cuencas y yacimientos petroleros y gasíferos, aplicando de manera sistemática técnicas de recuperación secundaria y mejorada.
  • Condicionar las cuotas de extracción de crudo, especialmente para exportación, a la obtención de la máxima recuperación de hidrocarburos.
  • Desarrollar un programa intensivo de exploración para renovar reservas y sosstener la producción petrolera y de gas natural, para incrementar la reposición de reservas a un mínimo de 20 años.
  • Apoyamos el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su papel de auditor de proyectos estratégicos. En ningún momento debe tener funciones como aval para cuadricular el territorio nacional a fin de concesionar bloques, como ocurrió en la zona de Burgos y como hace actualmente la Secretaría de Economía respecto de la minería.
  • Suspender inmediatamente la inyección de nitrógeno en Cantarell y Jujo Ticominoacán y eliminar esta práctica de forma definitiva, por el daño que ocasiona a la calidad de los hidrocarburos obtenidos.
  • Priorizar la metódica exploración de prospectos en tierra y aguas someras antes de ir a aguas profundas. Éstas últimas, Petróleos Mexicanos debe contemplarlas en un escenario de mediano y largo plazo, en los cuales tenga tiempo suficiente para prepararse dela mejor manera y no ir precipitadamente en condiciones desventajosas para México, ya que ir “acompañados” por compañías petroleras extranjeras mediante “contratos de riesgo”, de obra pública “ampliados” o “incentivados” o “autofinanciables”, como se les quiere llamar, significará compartir la renta petrolera prioridad de la Nación de manera innecesaria.
  • Avanzar en la exploración y cuantificación de reservas del gas de lutitas, pero no explotarlo hasta que existan tecnologías que sean ambientalmente sustentables.
  • Condicionar todo aumento de volumen de exportación de petróleo crudo a la obtención y manutención de una relación de reservas probadas/producción igual o superior a 20 años y a que la demanda del mercado interno esté cubierta con refinados producidos en el país.
b) En refinación:
  • Llevar a cabo las acciones necesarias para que el Sistema Nacional de Refinación esté en condiciones de procesar un millón 690 mil barriles diarios, que es su capacidad de refinación atmosférica instalada, lo que permitirá reducir en el corto plazo la importación de gasolinas e incrementar la disponibilidad de combustóleo para la Comisión Federal de Electricidad, junto con la adecuada instalación de sistemas anticontaminantes en las plantas termoeléctricas instaladas.
  • Priorizar el avance de la Refinería Bicentenario y reorientar la inversión para construir tres nuevas refinerías más, para procesar 900 mil barriles diarios de petróleo crudo adicional, como mínimo, necesarios para alcanzar la autosuficiencia en productos petrolíferos.
    c) En gas natural:
  • Reducir el uso del gas natural como combustible, utilizándolo en el desarrollo de cadenas productivas que generen mayor valor agregado.
  • Cancelar los contratos de servicios múltiples para explotación de gas en la Cuenca de Burgos por innecesarios, incosteables e inconstitucionales.
  • Cancelar los contratos integrales de exportación de Chicontepec, por su incosteabilidad, hasta que se desarrolle una tecnología que la haga económicamente viable.
  • Cancelar los contratos integrales de exploración y producción en campos maduros, Chicontepec y aguas profundas, porque entregan la renta petrolera a las transnacionales violando la Constitución.
  • Suministrar gas y condensados requeridos para la plena operación de las plantas de Pemex Petroquímica y reactivar las cadenas productivas regionales.
  • Modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo para revertir la privatización y monopolio en manos de extranjeros del transporte, almacenamiento, distribución y comercio de gas natural.
d) En petroquímica:
  • Mantener la propiedad nacional sobre la industria petroquímica, para restituir la responsabilidad exclusiva de Petróleos Mexicanos en la producción y transformación de los hidrocarburos en petroquímicos.
  • Modificar la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y restaurar la clasificación de productos petroquímicos básicos y secundarios, con base a criterios técnicos y a su importancia estratégica, para el desarrollo competitivo de cadenas productivas, dejando de lado los criterios políticos utilizados para justificar las fracasadas privatizaciones.
  • Orientar la inversión para reactivar la producción en los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos, así como para realizar las ampliaciones requeridas de acuerdo ala demanda interna de petroquímicos.
  • Cancelar el arrendamiento, la administración y la comercialización de los productos petroquímicos elaborados en el Complejo Petroquímico Pajaritos a la empresa privada Mexichem, mismos que le fueron cedidos por funcionarios que excedieron sus facultades legales al arrendar un BIEN PROPIEDAD DE LA NACIÓN.
  • Reactivar las cadenas petroquímicas de Petróleos Mexicanos que surgen del metano y los licuables (etano, propano y butano).
e) En transporte de hidrocarburos:
  • Aplicar un Plan de Emergencia para la Seguridad y Operación Sin Riesgos que garantice el diseño, la construcción y la operación óptima de las instalaciones y sistemas de transporte en ductos terrestres críticos y de mayor riesgo para la población, la infraestructura petrolera, la economía nacional y el medio ambiente.
  • Desarrollar una política que privilegie la transportación por ducto de los hidrocarburos, por ser económicamente más rentable y seguro.
  • Fortalecer por parte del gobierno, la estrategia para el combate a lrobo de petróleo crudo y petrolíferos, para eliminar e impedir que se continúe con esta práctica que representa un grave daño económico para la empresa.
  • Reconstrucción de la flota marítima de Petróleos Mexicanos para el transporte de crudo y productos refinados.
5. Administrar con autonomía, eficiencia, transparencia y sustentabilidad.
  • Reconvertir a la paraestatal en una sola empresa integrada.
  • Simplificar y transparentar los procesos administrativos, principalmente los de adquisiciones y contratación de obras y servicios.
  • Autonomía de gestión.
  • Revalorar la exigencia de autonomía de gestión, agitada actualmente con intención privatizadora. La propuesta de los técnicos y profesionistas contempla el cambio, administración flexible, toma de decisiones en función del desarrollo de la industria petrolera, desregulación acotada a los principios constitucionales y una minuciosa revisión de los límites entre autonomía y responsabilidad ante los mexicanos, que se refleje en una relación (mas no ausencia de la misma) entre Petróleos Mexicanos y sus órganos reguladores. En transparencia, asegurar una adecuada rendición de cuentas a la sociedad y plena transparencia en la administración de Petróleos Mexicanos.
  • Realizar todas las actividades de comercialización a nivel nacional e internacional de forma directa y transparente por Petróleos Mexicanos, por lo que el “holding” de empresas PMI Comercio Internacional SA de CV, deberá reconfigurarse para ser directamente dependiente del organismo de comercialización que se establezca, o ser sustituido de acuerdo a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas ineludibles.
  • Integrar representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y Técnicos Petroleros al Consejo de Administración de la empresa o, en su caso, a un Consejo Técnico-Administrativo de Vigilancia al Desarrollo y Operación de Petróleos Mexicanos.
  • Desarrollar una estrategia de participación ciudadana, bajo figuras como la de un Consejo Consultivo, una Comisión Ciudadana de Observación u otras, que incluya especialistas en la materia (investigadorse, académicos, etc.).
6. Operar la industria petrolera con seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades.
  • Fortalecer los programas dirigidos a mantener niveles óptimos de seguridad en las operaciones y procesos industriales.
  • Asegurar que todos los trabajos que desarrolle Petróleos Mexicanos se ajusten a la normatividad de seguridad industrial y protección ambiental.
  • Asumir la deuda ambiental con las comunidades de zonas petroleras, particularmente en lo referente a enfermedades y contaminación de suelo, subsuelo y mantos acuíferos.
  • Condicionar las expropiaciones para fines de explotación petrolera a su pleno acuerdo y aceptación, verificable por procedimiento de consultas legalmente validadas, a cambio de otros beneficios por parte de los afectados.
7. Respeto irrestricto a los derechos humanos laborales.
  • Petróleos Mexicanos debe respetar los derechos laborales de los trabajadores establecidos en los convenios internacionales y las leyes laborales del país, principalmente los derechos de asociación y libertad sindical de los trabajadores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
  • Cesar la intimidación a trabajadores que luchan por ejercer su derecho de asociación, por democratizar su sindicato y/o por defender la industria petrolera.
  • Facilitar el ejercicio transparente y sin condiciones de las prestaciones contractuales.
  • Incluir en los contratos colectivos de trabajo un apartado en el cual se salvaguarden los derechos de los trabajadores transitorios.
  • Denunciar y castigar de manera ejemplar a representantes de la empresa, sindicatos y autoridades laborales involucradas en sobornos o procedimientos dirigidos a perjudicar al trabajador o a la empresa.
  • Garantizar programas de capacitación continua a todos los niveles, con atención especial a las necesidades de corto plazo como pudieran ser las perforaciones en aguas profundas y la construcción de nuevas refinerías.
  • Aprovechar la experiencia y acervo de los trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos en la capacitación de las nuevas generaciones, la elaboración de proyectos de ingeniería o construcción de obras y para proporcionar servicios a la industria y a la comunidad petroleras.
  • Implementar programas de evaluación de la salud ocupacional, que incluyen el acondicionamiento de la infraestructura y medios de trabajo y el fomento de buenas prácticas para prevenir enfermedades ocupacionales.
8. Recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos. La energía como un derecho de la humanidad.
  • Cancelar la participación de México en la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a fin de romper con los vicios de la política petrolera actual que subordinan a México a los intereses de los Estados Unidos.
  • Detener la integración energética asimétrica y subordinada de México con los Estados Unidos e impulsar la integración con los países latinoamericanos.
  • Cancelar el alineamiento de Petróleos Mexicanos a las exigencias de los organismos financieros internacionales. Los problemas del sector energético y petrolero de México son superables, pues existe suficiente capacidad humana, técnica, material y financiera, particularmente en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, para revertir los daños y el estancamiento que los intereses transnacionales han provocado.
El futuro de la industria petrolera está en nuestras manos. Tiene plena vigencia lo que afirmó el presidente Lázaro Cárdenas del Río en el Decreto Expropiatorio de 1938; es urgente emprender la “defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petroleros”, la infraestructura petrolera y la calificación de sus trabajadores. A nosotros nos corresponde reexpropiar la industria petrolera mexicana “por causas de utilidad pública a favor de la nación”.
Por una industria petrolera bajo administración pública, transparente, segura, productiva, sustentable, eficiente y respetuosa del ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales.
¡La energía debe ser un derecho de la humanidad 
y sus recursos deben destinarse al desarrollo de los pueblos!
 Fuente

Boletín Morena Coyoacán

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