Presidencia debe informar qué estados solicitaron la intervención del Ejército

Ifai instruyó la búsqueda y entrega de los datos, del 1 de diciembre de 2006 al 9 de abril de 2012.

Elizabeth Velasco C.

México, DF. La Presidencia de la República debe buscar y entregar copia de los documentos mediante los cuales los gobernadores de todas las entidades federativas del país le hayan solicitado el apoyo, intervención o cualquier designación que implique operaciones de las Fuerzas Armadas, del 1 de diciembre de 2006 al 9 de abril de 2012, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

En respuesta al ciudadano que solicitó esta información, la Presidencia de la República proporcionó un cuadro en el que se relacionan las peticiones de apoyo de las Fuerzas Federales por parte de las autoridades locales, de la iniciativa privada, de la sociedad civil y de las entidades federativas, actualizado al 15 de julio del 2011.
También se entregó una copia del acta de cabildo en la que se autoriza al presidente municipal y al secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez celebrar un convenio de coordinación con las secretarías de Gobernación, la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el gobierno de Chihuahua, para fortalecer sus instituciones policíacas y la seguridad en esa región.
La entidad del Ejecutivo federal sugirió al ciudadano que presentará su solicitud ante Gobernación y puso a su disposición dos vínculos electrónicos en donde puede consultar diversos convenios que esta dependencia ha firmado con entidades federativas, con el objeto de lograr un mayor nivel de colaboración y coordinación en la determinación y ejecución de las políticas nacionales, acciones y programas en materia de seguridad nacional.
Inconforme, por considerar que la información proporcionada no satisface su petición, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard.
En alegatos, la Presidencia de la República reiteró su respuesta, pero al analizar los documentos y consultar los vínculos electrónicos proporcionados, la comisionada advirtió que éstos no atienden la solicitud del particular, en razón de lo siguiente:
El cuadro proporcionado es una relación de notas periodísticas con pronunciamientos o declaraciones de diversos actores (gobernadores, ex gobernadores y otros), pero no son los documentos con las peticiones de los gobernadores de las entidades federativas.
Por otro lado, el acta de cabildo no es una petición de apoyo de algún gobernador; es una autorización del ayuntamiento del municipio de Ciudad Juárez para que el presidente Municipal y el secretario del Ayuntamiento puedan celebrar un convenio de Coordinación con diversas autoridades federales y con el estado de Chihuahua para fortalecer sus instituciones policíacas.
Además, los convenios de colaboración no constituyen una solicitud específica para el apoyo, intervención o cualquier designación que implique operaciones de las Fuerzas Armadas.
Aunado a ello, la comisionada determinó que la Presidencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues omitió turnar la solicitud a la oficina de esa entidad del Ejecutivo Federal, unidad administrativa encargada de dar puntual seguimiento a las órdenes y acuerdos del presidente de la República y de coordinar a los secretarios técnicos de los gabinetes especializados del titular del Ejecutivo y del Consejo de Seguridad Nacional.
Por lo tanto, propuso revocar la respuesta de la dependencia e instruirle una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, la oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría Particular a fin de proporcionar al recurrente los documentos que requirió.
En caso de que éstos contengan información reservada o confidencial, la Presidencia de la República tendrá que elaborar las versiones públicas correspondientes y, de no localizarlos, deberá declarar su inexistencia. La propuesta fue aprobada por el Pleno del IFAI.

Fuente La Jornada