Señala que cinco integrantes de su
agrupación fueron encarcelados en la penitenciaría de Pachuca, acusados
de “terrorismo y secuestro agravado”
.
Armando Cruz Sánchez, corresponsal
Progreso de Obregón,
Hgo. El Movimiento por la Dignidad de Progreso de Obregón
(Modipro), liderado por el regidor y representante del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) en este municipio, Armando Mera
Olguín, acusó hoy al gobierno del estado de represor y denunció
que cinco integrantes de dicha agrupación fueron encarcelados en la
penitenciaría de Pachuca, acusados de “terrorismo y secuestro
agravado”, tras exigir el 27 de noviembre ante el gobernador
Francisco Olvera Ruiz el cumplimiento de sus promesas de campaña.
En un comunicado por
Gisael Chávez Aguilar, síndico procurador e integrante del Modipro,
detalla que tras encarar al gobernador en un acto público celebrado
en Mixquihuala, en la fecha antes citada, inició la persecución de
los también opositores al alcalde priísta Alfredo Zúñiga Avilés,
contra el que presentaron meses atrás ante el congreso local la
solicitud de juicio político por irregularidades en el manejo de la
hacienda municipal y el incumplimmiento de sus funciones, sin que
haya surtido algún efecto hasta el momento.
A una semana de iniciado
el año, el 7 de enero, el secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma
Pereda, incluyó el conflicto de Progreso de Obregón entre los
pendientes políticos de la administración olverista.
El funcionario dijo que
el de Progreso de Obregón es, en esencia, un asunto relacionado con
una “diferencia interna” llevada al ámbito municipal y
protagonizado por vecinos contrarios al alcalde que migraron del PT a
Morena, al no encontrar eco en el partido de la estrella solitaria a
la demanda de juicio político contra Zúñiga Avilés.
“Algunos de ellos,
agregó Moctezuma Preda, ya fueron acusados por actos que competen al
ámbito de la justicia, a los cuales corresponde un procedimiento
penal”.
Modipro denunció que
tanto el Congreso local como el Ejecutivo estatal mantienen una
relación de complicidad con el alcalde priísta Zúñiga Avilés,
quien después del 27 de noviembre ordenó la detención de cinco
personas, entre ellas menores de edad, algunas de las cuales fueron
secuestradas violentamente fusiles R15 y otras, sacadas de sus
domicilios a empujones y con insultos y posteriormente consignadas
por los delitos graves de terrorismo y secuestro agravado.
Fuente La Jornada
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