Monterrey, al borde de la quiebra; debe 2 de cada 3 pesos de su erario

 

 

David Carrizales

Corresponsal

Monterrey NL, 9 de enero. Esta capital debe a bancos dos de cada tres pesos de su presupuesto y está al borde de la quiebra por presuntas corruptelas, principalmente durante la administración de Fernando Larrazabal Bretón (2009-2012), que infló costos de obras, incurrió en malos manejos e incorporó a la nómina a operadores electorales del Partido Acción Nacional (PAN).

Luis Farías, dirigente del Partido Local Cruzada Ciudadana y regidor de Monterrey en la pasada administración municipal, afirmó lo anterior y agregó que en los últimos días de la gestión de Larrazabal, que concluyó el 31 de octubre, el municipio entregó a uno de sus principales acreedores, Banca Afirme, todas las cajas recaudadoras de la tesorería, incluidas las del palacio municipal, que operan en los hechos como sucursal de la institución bancaria.
Los problemas financieros agobian a la mayoría de los 51 municipios de Nuevo León, que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta septiembre pasado acumulaban deudas bancarias por más de 5 mil 100 millones de pesos, prácticamente el doble que hace tres años, cuando sumaban 2 mil 618 millones de pesos.

Para aliviar la situación del ayuntamiento regiomontano, la alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes, con autorización del cabildo y el Congreso, se alista a firmar un contrato con la firma de consultoría Law Trading and Consulting (LTC), para que le ayude a refinanciar y restructurar los pasivos, que al 31 de octubre ascendían a más de 2 mil 122 millones, dos terceras partes del presupuesto municipal autorizado para 2013, de 3 mil 308 millones.

La firma, sin experiencia

De acuerdo con regidores priístas, LTC carece de experiencia. Según Arellanes Cervantes, se requiere un despacho especializado en gestión, tramitación y negociación de deuda gubernamental. En su publicidad institucional, LTC se presenta como firma internacional de cobranza que ofrece servicios de cobranza judicial y extrajudicial, así como investigaciones de deudores no localizados.

La consultora cobraría por sus gestiones 63 millones de pesos, 3 por ciento de comisión sobre el monto de la deuda a renegociar. Los honorarios superan el presupuesto para este año de los municipios de Higueras (14.7 millones de pesos), Abasolo (17.8) e Iturbide (27.5) juntos.
La regidora priísta Carlota Vargas Garza criticó que se pague tanto por algo que debería hacer el tesorero, Rafael Serna Sánchez, secretario de Finanzas con el ex gobernador Fernando Canales, y en las administraciones de San Pedro, con Mauricio Fernández, y San Nicolás, con Miguel Ángel García Domínguez.
Para tratar de convencer a la oposición, la alcaldesa y Rafael Serna dijeron que Hacienda, por conducto del Fideicomiso para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem), pagará a la consultora.
Vargas expuso que hay versiones de que el Fidem desaparecerá, y si no es así, su prioridad serán municipios de alto grado de marginación y rezago, con necesidades urgentes de infraestructura pública básica.
Contratar a LTC ni siquiera fue idea de la actual administración, sino algo que dejó avanzado el gobierno de Fernando Larrazabal y no concretó por falta de tiempo. El tesorero Rafael Serna admitió que gente del despacho buscó a la nueva administración y la convenció de que la restructura permitirá ahorros de 10 millones de pesos mensuales.

Luis Farías afirmó que el cerebro de la restructura fue Oliverio Rodríguez Hernández, ex tesorero de Grupo Alfa (1980-1991), y de 1991 a 2006 director de finanzas de Grupo Villacero –controlador de Banca Afirme–, quien ocupó la tesorería municipal durante los periodos de Adalberto Madero y Larrazabal, entre 2006 y 2012.

Endeudamiento deliberado

El ex regidor consideró que el crecimiento de la deuda de Monterrey fue una acción deliberada de Larrazabal para beneficiar a los bancos, pues decidió no abonar al capital y que sólo se pagaran intereses (aproximadamente 550 millones de pesos anuales).

Según Farías, Rodríguez Hernández hacía las veces de personero de Banca Afirme; por eso en el último momento de su gestión municipal se llevaron las cajas recaudadoras, para seguir siendo el tesorero de Monterrey desde el banco y desde el grupo financiero, al cual se deben más de 431 millones de pesos.
La pinza que ahorca a Monterrey se cierra, pues los recursos federales que reciba –como autorizó el Congreso– quedarán en garantía de los nuevos créditos para refinanciar y pagar la deuda en 20 años, expuso.
Añadió que durante la gestión de Larrazabal se denunciaron costos inflados en obras públicas y gastos innecesarios, como la remodelación de la oficina del edil (1.8 millones de pesos) y aportaciones de un millón a instituciones de beneficencia, para proyectos que no se concretaron.

Negocio bajo sospecha

Alcaldes de municipios rurales y suburbanos de Nuevo León criticaron que la administración panista de la capital del estado pretenda pagar 63 millones de pesos a un despacho de consultoría por ayudarle a resolver su endeudamiento, pues ellos enfrentan el mismo problema, pero lo resolverán con sus propios medios.

José Antonio González Bravo, alcalde priísta de Iturbide, localidad de 5 mil habitantes ubicada en el sur del estado, deuda de dos millones de pesos y un presupuesto de sólo 27 millones, dijo que ya quisiéramos para nosotros el pago a la consultora Law Trading and Consulting (LTC) .
Su correligionario Jesús Guillermo Aguilar González, presidente municipal de Hualahuises, en la región citrícola, comentó que esta localidad debe 7.5 millones de pesos y su presupuesto es de 31.9 millones. Sobre la contratación de LTC, dijo que Monterrey cuenta con personal especializado en finanzas y el contrato puede tener una finalidad ilícita.
El edil de Cadereyta, Emeterio Arizpe, también militante del tricolor, consideró manejable la deuda de ese municipio (30 millones de pesos con proveedores y 4 millones con bancos), con un presupuesto de 300 millones. Aseguró que no desea dejar pasivos y renegociará sin despachos externos para no pagar comisiones que podrían resultar gravosas.

Fuente La Jornada