PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales aseguraron que al gobernador Rafael Moreno Valle le bastaron sólo dos años para hacerse del control en todo el estado, debido a que colocó a personas allegadas en los órganos autónomos, partidos políticos y poderes estatales.
En diciembre pasado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el Colectivo por la Transparencia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Infórmate y Puebla Vigila, entre otras, firmaron un desplegado en el que manifestaron su preocupación por la designación de Federico González Magaña al frente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla.
En esa ocasión también censuraron las designaciones de los representantes del Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad.
De acuerdo con las organizaciones, 13 magistrados del TSJ fueron propuestos por Moreno Valle, entre ellos Roberto Grajales Espina, quien ha sido uno de sus aliados políticos al interior del PAN estatal.
Otro de los nombramientos censurados es el de Jared Albino Soriano Hernández, el juez que otorgó al gobierno estatal el control del predio Valle Fantástico en la disputa legal con el empresario priista Ricardo Henaine.
Al frente de la Auditoría Superior del Estado fue nombrado David Villanueva Lomelí, yerno del exgobernador Melquiades Morales Flores y excolaborador del actual mandatario estatal, luego de que el titular de ese órgano fiscalizador, Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien aún le faltaban cinco años en el cargo, fue acusado de actos de corrupción.
En la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el Congreso local designó a Adolfo López Badillo, personaje cercano al secretario de Asuntos Jurídicos de la administración estatal, Juan Pablo Piña Kurczyn.
Además, seis de los nueve consejeros del Instituto Estatal Electoral que tendrán a su cargo las elecciones locales de este año tiene nexos con el gobierno estatal.
En noviembre pasado fue renovado el Tribunal Electoral de Puebla, con las designaciones de Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, extitular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), y Javier de Unanue y Bretón, hijo del notario público Fernando de Unanue.
Las organizaciones también han criticado la capacidad del mandatario para imponer sus iniciativas en el Congreso local, como es el caso de la Ley Mondragón, que se aprobó a tan sólo cuatro horas de haberse recibido, a fin de impedir que el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón, se mantuviera en el cargo.
Pese a que la reforma electoral fue impugnada por el propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la dirigencia estatal finalmente fue electo como dirigente Rafael Micalco, allegado a oreno Valle.
También en el PRD fue impugnada la elección de Eric Cotoñeto Carmona y de Julián Rendón como dirigente y secretario del Comité Directivo Estatal del partido, respectivamente. La Comisión Política Nacional de esa fuerza política abrió una investigación sobre la posible intervención del gobernador para favorecer a Cotoñeto y a Rendón, este último funcionario de la Secretaría General de Gobierno.
A Moreno Valle también se le atribuye la designación como dirigente del PRI estatal de Fernando Morales Martínez, hijo del exgobernador Melquiades Morales, en cuyo sexenio Moreno Valle fue secretario de Finanzas y de Desarrollo Social.
En noviembre pasado, Morales fue destituido y en su lugar fue nombrado Pablo Fernández del Campo.
Fuente Proceso
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