Tramitan unos mil 200 recursos de garantías, la mayoría presentadas en grupo contra cambio a la LFT.
Alfredo Méndez
México, DF. El
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designó a los juzgados
primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera
Región con residencia en el Distrito Federal como juzgados
especiales para el estudio, resolución, ejecución y cumplimiento de
los cientos de demandas de amparo que se han presentado en contra de
la reciente reforma laboral.
Ambos
órganos jurisdiccionales revisarán la supuesta inconstitucionalidad
de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que fueron
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de
noviembre.
Desde
el pasado 9 de enero, el pleno del CJF instruyó a las áreas
administrativas correspondientes para que tomarán las previsiones
necesarias, a efecto de que los órganos jurisdiccionales estén en
posibilidad de atender las demandas de amparo que se presenten contra
la reforma laboral.
De
acuerdo con fuentes judiciales consultadas, ambos juzgados tramitan
actualmente por lo menos mil 200 demandas de garantías, la mayoría
de ellas presentadas en grupo de varios quejosos, en contra de las
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
De
manera adicional el CJF acordó que las tribunales colegiados en
materia de trabajo con sede en la ciudad de México conocerán de los
recursos que se interpongan en contra de las determinaciones de los
juzgados primero y segundo de distrito del Centro Auxiliar de la
Primera Región.
En
ocasiones anteriores, como cuando fue reformada la Ley del Issste, el
CJF también designó juzgados especiales para evitar, con ello, que
se emitieran criterios judiciales contradictorios, que volvieran
engorrosos y largos los litigios.
Los
quejosos en el caso de la reforma laboral deberán esperar al menos
cuatro meses --tiempo aproximado en que se emite una sentencia en un
juzgado de amparo-- para obtener una resolución de primera instancia
judicial, misma que puede ser impugnada mediante un recurso de
revisión, y que incluso podría terminar en manos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Fuente La Jornada
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