viernes, 14 de junio de 2013

Instalan plantón en Segob madres de desaparecidas en Juárez



Adriana Franco Rosales y Anaiz Zamora Márquez

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- El pasado martes 4 la Fiscalía General de Chihuahua informó a Bertha Alicia García que los restos de su hija Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009 en Ciudad Juárez habían sido identificados. Un día después la madre recibió “dos huesitos” en una pequeña caja.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Zona Norte, la identificación de los restos de Brenda se realizó en el Laboratorio Bode Technology de Virginia, Estados Unidos, pero a Bertha no le dieron un solo documento que acredite dicho procedimiento.

El pasado sábado 8 Bertha sepultó en un ataúd rosa –el color favorito de su hija– los supuestos restos óseos de Brenda Berenice, pero aseguró que seguirá con su demanda de justicia.
Junto con otras cinco madres de jóvenes desaparecidas, la mujer se trasladó de Ciudad Juárez a esta capital, donde desde ayer iniciaron un plantón frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el fiscal general de la entidad, Ernesto Jáuregui Venegas.
Las otras mujeres que participan en el plantón son: María Modesta Gómez Suárez, madre de Claudia Antonia Núñez Gómez, desaparecida en 2007; Silvia Banda Pedroza, madre de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida en 2010, y Juana Ibarra Castorena, madre de Gabriela Espinoza Ibarra, desaparecida en 1991.
A la protesta se sumaron María Esther Arizmendiz Moreno, madre de Brenda Patricia Luna Arizmendiz, desaparecida el pasado 15 de enero, y Rosa María Apodaca Granados, madre de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, desaparecida el 7 de junio de 2011, a quienes acompaña Malú García Andrade, dirigente de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Perla Reyes Loya, madre de Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida el 30 de diciembre de 2012, y Yolanda Betancourt Retana, madre de Janeth Paola Soto Betancourt, desaparecida el 23 de mayo de 2011, también arribaron a esta ciudad para exigir la reunión con Peña, Duarte y Jáuregui, pero regresaron a Chihuahua inmediatamente después de que se les informó sobre la captura de integrantes de una red de trata de personas, que podrían estar ligados a los casos de sus hijas.
Veinte años de negligencia
El pasado martes 11 el grupo se reunió con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el encargado de despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia Barrientos, y la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Nelly Montealegre Díaz.
De acuerdo con las mujeres, el encuentro fue “estéril” porque ninguno de los tres funcionarios se comprometió a dar seguimiento a sus casos, bajo el argumento de que la responsabilidad es de las autoridades locales.
Con el plantón frente a la Segob, las madres exigirán al titular del Ejecutivo que la Procuraduría General de la República (PGR) considere los casos presentados como delitos del fuero federal y se cree una fiscalía especializada para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; además, que se identifiquen los restos que permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En entrevista, Bertha Alicia manifestó sus dudas sobre los restos que le fueron entregados. Las osamentas que recibió, dijo, fueron localizadas en febrero de 2012 en el Valle de Juárez, y aunque no se puede precisar la fecha de la muerte de Brenda Berenice, las autoridades estimaron que para esa fecha tenían al menos dos años en descomposición.
Destacó, asimismo, que su hija fue vista con vida en 2011 en un programa de televisión transmitido desde Los Ángeles, California.
Protesta social
En junio de 2010, acompañada de Marisela Escobedo –activista asesinada en diciembre de ese año frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras demandaba justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre, ocurrido en 2008–, Bertha Alicia caminó por más de tres semanas para llegar al DF y exigir una reunión con el expresidente Felipe Calderón. El panista no la recibió, pero sí lo hizo la Fevimtra, instancia que le prometió atraer el caso.
En 2011, cuando vio a su hija en el programa de TV “José Luis sin censura”, Bertha Alicia regresó a la capital del país para informar a las autoridades que Brenda Berenice estaba con vida y que había sido trasladada a EU. La Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino en el caso.
En marzo pasado, luego de presentar su caso a las autoridades de Chihuahua, la mujer volvió a esta ciudad para unirse a la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, junto con María Esther Arizmendiz Moreno.
Bertha es una de las muchas madres de desaparecidas que en reiteradas ocasiones se han trasladado a esta capital para exigir justicia y apoyar a otras mujeres. La primera vez que lo hicieron fue el 25 de noviembre de 2002, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esa tarde se congregaron más de 6 mil personas, encabezadas por la activista Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien exigió una audiencia con el entonces presidente Vicente Fox.
Exactamente un año después, Fox la recibió en Los Pinos, previo a la segunda marcha, en la que participaron miles de personas que acompañaron a 70 madres. En esa reunión el Ejecutivo les dijo que cada estado tiene su autonomía, “pero como esta situación ya rebasó los límites, ahora sí tengo que actuar”.
Ante ellas, el mandatario “empeñó su palabra” y aseguró que serían resueltos los cientos de crímenes. El sexenio foxista terminó y las promesas no se cumplieron.
En la administración de Felipe Calderón se dio la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, por la impunidad y negligencia con la que las autoridades resolvieron los casos de tres de las jóvenes localizadas en 2001 en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
Calderón se fue sin resolver la sentencia y mucho menos puso freno a las desapariciones y asesinatos de mujeres.
En esta ocasión las madres aseguran que no se irán hasta que Peña Nieto les diga cómo van a encontrar a sus hijas.

Fuente Proceso

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