Mineras y crimen organizado

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El vínculo entre el orden económico de muchas empresas legales y el crimen organizado es sutil y profundo. Se encuentra en el dinero. El dinero –y no la producción del antiguo orden capitalista– se ha convertido en el valor supremo frente al cual todo, incluso la vida humana y su entorno, debe someterse. Obnubilados por el dinero, criminales, empresas y Estado han ido reduciendo al ser humano a un objeto cuyo precio no sólo es ínfimo en relación con otros, sino que en su condición de valor depreciado –no hay necesidad de cuidarlo porque existen millones de individuos que pueden usarse– permite producir dinero.

Aunque las empresas y el Estado no llegan a los extremos del crimen organizado –de extorsionar al ser humano, esclavizarlo, venderlo, reclutarlo, desaparecerlo o, si es necesario, destazarlo para mantener el control del mercado y aumentar su producción de dinero–, el uso que de él y de su entorno vital hacen es, en su sutileza y ausencia de crueldad, igual de destructivo y de rentable que el de las organizaciones criminales.
Un ejemplo de este tipo de empresas, cobijadas por el Estado, es el de la minera canadiense –cuyo nombre, que corrompe una virtud teologal, es ya un insulto– Esperanza Silver de México. Dicha empresa –como la Minera San Xavier, que destruyó el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, y que, al amparo de las concesiones otorgadas por los gobiernos federales del panismo, pretende destruir el territorio sagrado de Wirikuta– busca explotar los cerros El Jumil y Colotepec, a medio kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco.
Al dolor que el crimen organizado ha creado en Morelos, la Esperanza Silver quiere sumar otro: la destrucción no sólo de esa magnífica zona arqueológica de Xochicalco, sino también de la vocación agropecuaria de los pueblos que habitan la región, de los ancestrales tejidos sociales de las comunidades indígenas y del agua, cuya contaminación dañará gravemente la vida de gran parte de quienes habitamos en Morelos.
Detrás del dinero que busca la Esperanza Silver –plata y oro– estarán, a largo plazo, la reducción de las próximas generaciones a muchachos abandonados al crimen organizado como ejércitos de reserva o materia explotable bajo lógicas de una crueldad inaudita, las malformaciones y los cánceres por las excesivas cargas de contaminantes que produce en el agua la lixiviación (dicen los expertos que en 10 horas de lixiviación se consumen 5 millones 913 litros, es decir, 591,300 litros por hora), y la desintegración de formas culturales y económicas tan ancestrales como fundamentales en la salud de un pueblo.
Las palabras entrecortadas por el llanto que el profesor Toño Camacho, del pueblo de Alpuyeca, pronunció en uno de los mítines contra esta minera son, en este sentido, conmovedoras. Tienen el dejo de la rabia y del dolor de las víctimas del crimen organizado: “¿Por qué se condena a muerte a nuestros pueblos? ¿Por qué tanta maldad sobre nuestros hijos y nietos? ¿Por qué tanta ruindad de las autoridades al dar manos libres a estas empresas que envenenarán los ríos, las aguas, los aires, las tierras de sus ancestros?”.
El dinero no sólo ha ido destruyendo el esqueleto moral de una buena parte de la sociedad, sino que ha liquidado la vocación política del Estado, que en nombre del dinero ha permitido que todas las formas del crimen se establezcan en nuestra sociedad y se retroalimenten.
Afortunadamente el gobierno del estado de Morelos ha tomado en este terreno –y es un ejemplo de lo que debieran hacer los demás gobiernos– el camino de los ciudadanos, y la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat), presionada por él y la ciudadanía, ha rechazado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Esperanza Silver había presentado. Estos gestos de grandeza política no garantizan, sin embargo, su salida del territorio de Morelos ni el fin de la minería salvaje. También en el Cerro de San Pedro se rechazó en su momento la MIA de la Minera San Xavier, y hay 38 concesiones más en Morelos que pueden afectar 28 mil hectáreas de tierra cultivable y de vida humana.
La alternativa, además de reformar la Ley Minera –una ley basada en la lógica perversa del TLC y del neoliberalismo–, como lo piden las organizaciones civiles que se oponen a la minería salvaje, es terminar en el Estado y en la sociedad en general con la noción del dinero como valor supremo. Mientras el dinero sea esa realidad abstracta que domina y somete la vida humana a sus caprichos, el Estado y la sociedad se irán hundiendo más en el infierno del individualismo, de la explotación y del egoísmo que habita en todo crimen.
Las organizaciones criminales, tanto como las empresas legales cuyo interés es el dinero, son, en este sentido, el signo ominoso de lo inhumano, el umbral más allá del cual las sociedades dejan de ser e instalan en ellas la muerte moral y física. Ese signo atroz, cuya expresión es el sufrimiento, el dolor, la miseria y la destrucción, sólo podrá revertirse cuando el Estado y la sociedad vuelvan a colocar en el centro de la vida civil la solidaridad y la comunión en el bien, es decir, la búsqueda de lo que es bueno, bello y adecuado a lo humano por encima del dinero.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

Fuente Proceso