Patricia Mayorga
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) aceptó revisar la actuación de las autoridades mexicanas
en torno de la investigación y búsqueda de los primos Rocío Irene
Alvarado Reyes, Nitzia Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado
Herrera, desaparecidos en 2009 en el municipio de Buenaventura, en el
marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
El 26 de mayo de 2010, el
organismo demandó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para
determinar el paradero de los tres jóvenes, así como para proteger su
libertad e integridad personales y su vida.
Poco después, durante
la audiencia realizada el 28 de junio de 2011, otorgó medidas cautelares
para la familia de los desaparecidos y su representante legal, luego de
que éstos denunciaron amenazas en su contra.
La familia también
interpuso quejas ante las comisiones Nacional y Estatal de Derechos
Humanos, así como en las oficinas del Operativo Conjunto Chihuahua en
Ciudad Juárez por la actuación de los militares.
Al respecto, el
área internacional del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(Cedehm), organización que lleva el caso de la familia, indicó que en
casi cuatro años las autoridades sólo han realizado tres diligencias de
búsqueda.
De acuerdo con las abogadas del Cedehm, la CIDH
analizará qué derechos se violaron con la actuación de las autoridades, y
establecerá si cuentan con los mecanismos y la voluntad necesaria para
llevar a cabo las diligencias, aunque no analizará los resultados del
caso en cuanto a las investigaciones.
María de Jesús Alvarado
Espinoza, hermana de Nitzia, manifestó su beneplácito por la decisión de
la CIDH, ya que la familia, dijo, ha perseverado en la búsqueda e
investigación, “pese a la apatía y sordera de las autoridades de todos
los niveles”.
Indicó que durante una reunión de familiares de
desaparecidos con autoridades de la Subprocuraduría de Derechos Humanos
de la Procuraduría General de la República, el delegado de la
dependencia federal, César Augusto Peniche Espejel, admitió que en días
pasados tomaron la declaración de algunos militares, pero ni la familia
ni el Cedehm han sido notificados al respecto.
María de Jesús
mencionó que su familia tuvo que huir del estado por un tiempo, debido a
las amenazas recibidas, y exigió a las autoridades que cumplan con su
trabajo para dar con el paradero de su hermana y sus dos primos. Sobre
los responsables, aseguró que “están plenamente identificados”.
El
29 de diciembre de 2009, dos de los primos fueron levantados en un
retén militar y el tercero en su casa, frente a su familia, en el ejido
Benito Juárez, municipio de Buenaventura, localizado al noroeste de
Chihuahua.
Los tres eran empleados de empresas maquiladoras en
Juárez y fueron desaparecidos el mismo día que llegaron a visitar a sus
parientes por las fiestas de fin de año. Desde aquel día la familia
Alvarado comenzó a sufrir hostigamientos y amenazas.
Luego de que
la Sedena aceptó que elementos a su cargo participaron en la
desaparición de los primos Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel
Alvarado Herrera, el 29 de diciembre de 2009, admitió que se juzgara a
los implicados fuera de la Procuraduría Militar, por lo que entregó el
expediente de 14 tomos a la PGR en Ciudad Juárez.
En octubre del
año pasado, Emilia González, miembro fundador de la Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, señaló que existen
elementos para probar la culpabilidad del jefe militar Élfego Luján,
quien se encuentra detenido por otras causas, pero no se le han fincado
responsabilidades por la desaparición forzada de los tres jóvenes
Alvarado.
Añadió que en los 14 tomos del expediente se acusa a
Élfego Luján de participar en ejecuciones extrajudiciales, pero el
Ministerio Público Federal se ha negado a consignar el caso ante un juez
de distrito para que se gire orden de aprehensión al militar.
La
familia de las víctimas ignora el paradero de las dos mujeres y el
varón. Dos meses después de su desaparición, una de ellas logró hablar
por teléfono con sus parientes y dijo que estaba detenida en un campo
militar, pero alguien le arrebató el aparato.
Días después del
levantón, familiares acudieron a las instalaciones de la Agencia Estatal
de Investigaciones de Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, en cuyo patio
se encontraba la camioneta en la que viajaban los tres primos cuando
fueron secuestrados.
A la fecha no se ha avanzado en la indagatoria, y no se sabe nada de los desaparecidos.
Fuente Proceso
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