Chiapas: epidemia feminicida

Isaín Mandujano

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han prendido los focos de alarma: el número de feminicidios en Chiapas, que fue alto el año pasado, amenaza con desbordarse en 2013. Si bien afirman que las autoridades intentan agilizar la captura y juicio de los asesinos, advierten: No se trata sólo de castigar el feminicidio, sino de evitarlo.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. (Proceso).- En Chiapas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se preparan para declarar una “alerta ciudadana de violencia de género”, pues en lo que va de 2013 en la entidad han ocurrido al menos 40 asesinatos que se tipifican como feminicidios.

En Chiapas el año pasado fueron asesinadas 97 mujeres. A este ritmo, alertan organizaciones y activistas, esa cifra podría superarse en 2013. Por tal razón han organizado marchas y protestas para exigir al gobierno acciones que frenen esa ola criminal.
El caso de mayor impacto mediático ha sido el de Omar Fernando Rosales Toledano –asistente del senador verde Luis Armando Melgar– quien asesinó a su novia Viridians Flores Ramírez el pasado 8 de junio en San Cristóbal de Las Casas.
El cadáver de Viridians fue hallado en el fondo de una barranca bajo un puente de la carretera que va de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. No fue sino hasta que creció la presión de la familia, amigos, medios y redes sociales, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Rosales, quien estaba escondido en Tapachula.
El caso de Flores Ramírez exhibió la oleada de crímenes que comenzó en enero de este año en la capital estatal y que se extendió sobre todo a Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque.
A decir de la activista Patricia Chandomí, la PGJE no tiene protocolos para atender este tipo de delitos. Explica que el feminicidio no es sólo un homicidio cometido contra una mujer; es, aclara, un delito que lleva un mensaje de odio, desprecio y dominio contra las mujeres, y es la culminación de la reiterada y sistemática violación de sus derechos.
“El feminicidio es el resultado de la violencia misógina llevada al extremo, es la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono hacia las mujeres”, dice Chandomí. Añade que los feminicidios se caracterizan también porque se dan en un contexto de impunidad judicial y social para los perpetradores.
Para la abogada Martha Figueroa, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), desde que este delito fue tipificado en Chiapas hay sólo 20 procesados y siete sentencias condenatorias en la entidad.
En Chiapas –a diferencia de otros estados donde la mitad o más de la mitad de los victimarios no conocían previamente a sus víctimas– 70% de los feminicidios los comete algún conocido de la mujer, sobre todo parejas o exparejas sentimentales.
La edad de las víctimas de feminicidio va de los 15 a los 35 años, aunque en Chiapas hay registro de los asesinatos de cuatro mujeres de más de 80 años y de una niña de dos.
Un solo caso de feminicidio, dice Figueroa, es suficiente para luchar por que se cumpla a cabalidad el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.
La sociedad civil, precisa la abogada, ha comenzado a tomar medidas de presión; por ejemplo en San Cristóbal decretará su propia alerta de género porque no se logró que el estado lo hiciera oficialmente, aun cuando había una base legal para ello: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Es urgente extender e institucionalizar la alerta de género a nivel estatal”, agrega. “La propuesta para Chiapas es implementar la alerta junto con las autoridades e implementar protocolos de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas. La procuraduría está deteniendo a los agresores y está identificándolos, pero necesitamos más, necesitamos prevenir; no es lo mismo detener al feminicida que prevenir el feminicidio”, expone.
Dice que el OCNF ha tenido acercamientos con el gobierno estatal y que si bien la respuesta de las autoridades ha sido cada vez más rápida, aún no se han dado cuenta de que el problema no es la reacción sino la prevención.
“No entienden que el problema no es detener feminicidas sino detener el feminicidio, porque muchos crímenes empezaron antes, con agresiones y violencia física que llegaban a denuncias penales y nunca procedían”, apunta Figueroa.
Señala que en Chiapas en siete de cada 10 casos los feminicidas fueron un familiar o un conocido, cuando el índice nacional es de 3.5 de cada 10.
Añade que en el estado urge una campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres y que eso le corresponde al Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Están ahorita con el ‘bomberazo’, pero no están parando los feminicidios. Qué bueno que se están moviendo ya desde el gobierno, pero no es suficiente.”
Plaga misógina

El martes 8 de julio fue hallado el cadáver de Tatiana de los Santos en una colonia del nororiente de la capital estatal. Desde el sábado anterior, cuando desapareció, sus vecinas dieron aviso a la PGJE, pero se les dijo que debían esperar 72 horas antes de empezar a buscarla.
Cuando pasaron las 72 horas la policía entró a la casa de Tatiana y la encontró enterrada en el patio. Su esposo y sus dos hijos pequeños ya no estaban en el hogar. Ahora la PGJE busca al presunto feminicida, pero no a los menores que tienen la calidad de desaparecidos.
Figueroa asegura que las vecinas de la víctima ya sospechaban que algo malo le había ocurrido a Tatiana, pues había antecedentes de agresiones físicas de parte de su esposo.
Para la diputada local perredista Alejandra Soriano Ruiz, la de Chiapas es una situación crítica sin precedente, donde si bien cada vez más se visibilizan los crímenes también se ha evidenciado la inexistencia de un programa para evitar la violencia de género.
El Código Penal de Chiapas señala en su artículo 164 Bis que quien cometa el delito de feminicidio será penado con prisión de 25 a 60 años.
La violencia contra las mujeres alcanzó el número más alto en un solo incidente en marzo pasado, en la comunidad Yaxté del municipio de Chilón, donde Gaspar Silvano López discutió con su padre y luego mató a machetazos a cuatro integrantes de su familia: su abuela, su madrastra y sus dos hermanas.
El 21 de marzo varias mujeres marcharon y encendieron velas frente a la catedral de San Cristóbal de Las Casas por las asesinadas: Tomasina Gómez, de 83 años; Albina Guzmán, de 33; Milenia, de 13 y Norma, de cuatro.
Según el procurador estatal Raciel López Salazar, en lo que va de 2013 se han registrado unos 30 casos con características de feminicidio, que desde un inicio han sido atendidos por la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio de la PGJE y que a la fecha se ha consignado 60% de las averiguaciones previas.
La PGJE da cuenta de 27 feminicidios este año: ocho en Tuxtla Gutiérrez, cuatro en Chilón, dos en Tapachula, dos en San Juan Chamula y uno en cada uno de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Cacahoatán, Comitán, Frontera Hidalgo, Huitiupán, La Independencia, Palenque, Pijijiapan, Villa Comaltiltán, Villaflores y La Trinitaria.
La dependencia informa que de estos casos, 14 feminicidas ya están sentenciados; precisa que 16 crímenes fueron cometidos con arma blanca; en cuatro hubo estrangulamiento; en tres, golpes; y en uno se usó un arma de fuego.
En 17 de los casos los cadáveres fueron hallados en sus propias casas. En 74% de los feminicidios el asesino tenía algún tipo de relación con la víctima (era esposo o pareja sentimental, familiar o amigo).
Por ello el procurador estatal declaró en abril pasado que 60% de los asesinatos ocurrieron “por desencuentro” entre parejas, aunque eso no significa que dejen de ser feminicidios.
López Salazar apuntó que a partir de que el feminicidio fue tipificado como delito grave en 2011, la PGJE ha obtenido siete sentencias condenatorias.

Alerta civil

El pasado 9 de julio el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se reunió con su gabinete para, como dijo, “delinear estrategias conjuntas para erradicar la violencia hacia las mujeres”.
Pero la sociedad se adelantó y ya empezó a organizarse desde San Cristóbal de Las Casas para declarar una “alerta ciudadana de violencia de género en Chiapas”.
Según Figueroa, no van a esperar que los gobiernos estatal o federal la declaren, porque nunca lo van a hacer. La abogada aclara que ya ha habido peticiones similares en otras entidades, como el Estado de México, que han caído en el vacío.
Aunque la PGJE presuma de siete sentencias por feminicidio en Chiapas y de que en la entidad se penaliza hasta con 60 años de cárcel, la condena más alta hasta la fecha contra un feminicida no va más allá de los 34 años de prisión.
Hasta el 26 de junio de 2013, según datos de la Procuraduría, sólo había siete sentenciados por ese delito. De ellos sólo uno alcanzó una pena de 33 años nueve meses de cárcel; el resto tuvo la penalidad mínima, de 25 años, y hubo dos casos con condenas aun menores porque los asesinos no alcanzaban la mayoría de edad.
Figueroa –también integrante de la ONG Grupo de Mujeres de San Cristóbal– considera que la falta de procuración de justicia en estos casos se debe a la escasa sensibilización en el tema por parte de los jueces, pero también al poder económico de algunos acusados, quienes pueden pagarse las mejores defensas, como el asesino de Viridians Flores, quien fue asistido por seis abogados al ser presentado ante las autoridades.
Y ante la presión social, el 16 de julio el procurador Raciel sustituyó a la titular de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, Alma Rosa Cariño Pozo –de quien se dijo que tenía lazos estrechos con el exgobernador Juan Sabines Guerrero– por Adriana Rebollo Nucamendi, de la que se dice lo mismo.

Fuente Proceso