La trama de Marisela Morales para fabricar culpables

Patricia Dávila

Juan Carlos de la Barrera Vite, quien fue titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud cuando Marisela Morales estuvo al frente de la SIEDO, lleva un año preso por delitos inventados por testigos protegidos. En entrevista con Proceso afirma que entonces la actual cónsul de México en Milán dio instrucciones de reclutar testigos protegidos para que implicaran en el narco a varios políticos de peso, entre ellos a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- “Las confesiones del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande –quien según la Procuraduría General de la República vendió en miles de dólares a los Cabrera Sarabia, una de las células del Cártel de Sinaloa–, no existen (es decir, son falsas)”, sostiene Juan Carlos de la Barrera Vite, preso desde hace un año en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
Y arguye: “Es una venganza de Marisela Morales Ibáñez (porque) me negué a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al gobierno… Lo hizo para implicarme, incluso manipuló declaraciones de dos testigos protegidos de claves: Libre y X ”.
De la Barrera Vite trabajó con Morales cuando la funcionaria era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO). Ella, dice, lo nombró en junio de 2010 como responsable de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.
Con la detención de De la Barrera el 29 de julio de 2012 al final de su sexenio, Felipe Calderón buscó presentar el hecho como el último gran golpe contra el crimen organizado. La PGR anunció incluso que con esa captura había quedado desarticulada una banda compuesta por siete funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la misma procuraduría que presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa.
Y aun cuando las supuestas declaraciones del Grande no están contenidas en la causa penal 57/2012 –en un año la PGR no ha podido integrarlas–, De la Barrera sigue preso y, según el expediente, hasta ahora no ha habido una sola audiencia porque, aduce la procuraduría, “la vida de los testigos protegidos peligra”.
De la Barrera insiste: Morales llevaba a las reuniones semanales “una lista con nombres de funcionarios de alto nivel de los tres órdenes de gobierno, empresarios y abogados. Daba órdenes a ministerios públicos, fiscales, coordinadores y titulares de unidad para que –con medidas indebidas, como golpes o torturas psicológicas– presionáramos a testigos protegidos y a detenidos para que les abrieran proceso y se les inventaran declaraciones. Quería elementos para condenarlos y tenerlos bajo su control. Forzaba averiguaciones previas que nunca contaban con sustento legal”.
La entrevista se realiza vía telefónica a través de una línea de Telmex –cualquier otra está prohibida en el Cefereso 3, Noroeste, donde De la Barrera está internado–. Le autorizaron sólo 10 minutos.
–Deme nombres –le dice la reportera.
–Gregorio Sánchez, exalcalde de Quintana Roo; Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos; los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González; Zeferino Torreblanca y Manuel Añorve Baños, ambos exgobernadores de Guerrero; Andrés Manuel López Obrador y su chofer Nicolás Mollinedo; los priistas Jorge Hank Rhon, Manlio Fabio Beltrones, Mariano Herrán Salvatti, Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores, Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Enrique Peña Nieto.
–¿Qué tenían en contra de Peña Nieto?
–Abrieron un acta circunstanciada en la Coordinación General A, la tenía Fausto Ayala; nunca se elevó a averiguación previa. Desconozco el sustento de la misma. Esto inició en 2010. Morales quería concentrar el control en caso de que el PAN bajara en las encuestas.
Según el entrevistado, él nunca comulgó con la forma en que trabajaba la entonces titular de la SIEDO. “En las reuniones nos indicaba cómo explotar a los testigos protegidos y cómo llevar los asuntos”.
Morales –quien desde mayo pasado es cónsul en Milán, Italia– “era una persona violenta, decía que si no nos gustaba, que nos fuéramos. Trabajé ahí menos de cinco meses y puse mi renuncia en la Oficialía de Partes por los motivos que le comento”, señala De la Barrera.
–¿Se siente un chivo expiatorio?
–Sí, por las irregularidades que advertí. Incluso cuando me detienen los agentes de la AFI (Agencia Federal de Investigación), me dicen claramente que no iban por mí. El objetivo era golpear al ministro de la SCJN Sergio Valls –con quién él trabajo anteriormente–. Esto es raro, ya que el ministro y ella tenían muy buena relación.
Trascurridos los 10 minutos se corta la llamada.

Declaraciones falaces

Kenia Rodríguez, esposa de Juan Carlos, redondea la idea de su esposo: “En 2010 el presidente Felipe Calderón estaba enfrentado con la Corte. Acusaba a los jueces de dejar salir a los delincuentes. En su defensa, ellos argumentaban que la PGR integraba las averiguaciones previas de manera incorrecta. Morales incluso le pidió a Valls una cita”.
Relata: “Dos meses antes de que mi esposo renunciara a la SIEDO, hubo una comida en el restaurante de la Suprema Corte. Fue informal. La entonces titular de la SIEDO le pidió al ministro (Valls) hablar con los jueces para ‘sacar’ los asuntos. Él se negó”.
Y aunque se programaron dos o tres encuentros más, Valls los canceló. “Tampoco aceptó enviarle más colaboradores como agentes de la SIEDO”, añade. Una vez que Juan Carlos dejó la subprocuraduría, el ministro Valls lo invitó de nuevo a la SCJN, donde comenzó a laborar en el área de Recursos Humanos.
El 29 de julio de 2012, más de año y medio después de su salida de la SIEDO, De la Barrera fue detenido en Acapulco, según narra su esposa: “Yo estaba en Cuernavaca con mi mamá. Hablaba por teléfono con él cuando me dice ‘¡Me persiguen!’. ¿Quién? ¿Y los niños? –le pregunté.
“Me fui de inmediato a Acapulco y encontré a mis dos hijos –de nueve y seis años– en casa de una vecina. Estaban desconsolados. Los vecinos anotaron los números de placa de los vehículos en que subieron a mi marido: 285XBB del Estado de México y 999WAD. Ambas estaban sobrepuestas; los agentes no iban uniformados, me dijeron.”
Kenia regresó a Cuernavaca para dejar a sus hijos con su familia y se fue al Distrito Federal. Alrededor de las dos de la madrugada del 30 de junio tocaron a la puerta. Vio tres camionetas de la Marina y dos Suburban de los MP.
“Abro y le digo a uno de los sujetos: no sé nada de mi esposo. ¿Dónde está? En un postit me escribe que en el Cefereso 3 Noroeste en Matamoros. ¿Qué hace mi esposo allá? –le digo.
“Catearon mi vivienda, la de la mamá de Juan Carlos; también fueron a Acapulco. Revisaron computadoras, agendas, pero no encontraron nada.”
El papeleo para visitar a su esposo le llevó un mes a Kenia. “Quería saber de qué lo culpaban. Estaba en los noticiarios nacionales, le dije, acusado de vender declaraciones que hizo El Grande contra los hermanos Cabrera Sarabia y Juan Carlos Moreno Flores, El Calentura, del Cártel de Sinaloa”.
Juan Carlos le comentó que esa declaración no existe: “Como fiscal –dice–, mi esposo tomó la declaración al Grande y a La Barbie. Hasta que Marisela Morales le asignó los casos a Guillermina Cabrera; fue ella quien convenció al Grande para que declarara por consigna a cambio de convertirlo en testigo protegido”.
De la Barrera Vite rindió su primera declaración dos meses después de su detención. Negó las imputaciones. Sólo aceptó que conocía de vista a Víctor Omar.
De acuerdo con la causa penal 57/2012, el 1 de febrero de ese año, de manera voluntaria se presentó Esther Yadira Huitrón Vázquez, quien dijo haber pertenecido a las organizaciones de los hermanos Beltrán ­Leyva y después al Cártel de Sinaloa. A cambio de rendir información acerca de la célula de los hermanos Cabrera Sarabia que operaba en Durango y el sur de Chihuahua, solicitó acogerse a la figura de testigo protegido. La PGR le asignó la clave Libre.
Ella rindió 10 declaraciones en dos meses en las cuales involucró a siete funcionarios: Esteban Amezcua Bernal, Ramiro Campos Lomelí, Verónica Guadalupe Esquivel Cuevas, Víctor Omar Martínez Ferrara, Manuel Arroyo Hernández y Gerardo Ortega Maya –este último fue torturado para que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare, según denunció su hermana Karina Ortega.
En su primera declaración, Libre entregó una agenda. En una de las hojas escribió –aunque no consignó la fecha– que entregó a Víctor Omar Martínez Ferrara 60 mil dólares para que se los entregara a Juan Carlos de la Barrera –quien se encargaba de los trámites de los testigos protegidos en la SIEDO– como pago por las declaraciones de los testigos protegidos que testificaron en contra de Felipe Cabrera Sarabia, El Inge.
No obstante, en la sexta declaración Libre se contradijo al referir que los primeros días de enero de 2012 el fiscal De la Barrera solicitó los 60 mil dólares, por lo que a través de Israel Rivera, El Licenciado Flaquito, “le hizo el depósito a una cuenta bancaria a nombre de Juan Carlos de la Barrera”.
“En una ocasión, Juan Carlos me llamó y me dijo: ‘Ya te envié eso, refiriéndose a las declaraciones de un colombiano apodado El Conejo y a las de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, que fueron las que nos vendió y que contienen imputaciones en contra de la organización de Los Cabrera Sarabia. Posteriormente, el 9 o 10 de febrero de 2012 recibí otra llamada de él. Me dijo que recibió el dinero y que estaría monitoreando cualquier dato o testigo protegido que perjudicara al Inge Cabrera…”
Más adelante Libre dijo haber entregado 100 mil pesos a Antonio Guerra Chávez, a quien conoció a través de Juan Carlos, que lo presentó como integrante del grupo de inteligencia de la SIEDO. Él apoyaría a Los Cabrera para la liberación del Calentura.
En otra referencia a De la Barrera, la testigo expuso que el 24 y 26 de diciembre de 2011 se reunió con él y Víctor Omar Martínez Ferrara para pedirle el número de averiguación previa iniciada en contra de Felipe Cabrera –detenido el 23 de diciembre de ese año en Culiacán–. Según Libre, Juan Carlos se comunicó con Guillermina Cabrera, titular de la Unidad de Delitos Contra la Salud, quien aportó la AP PGR/SIEDO/UEIDCS/561/2011. La licenciada quería 100 mil dólares por pasar información. Libre le dijo que esperara.
En la sexta declaración –la del 6 de febrero de 2012– la testigo expuso que el 20 de noviembre de 2011 Juan Carlos le ofreció información sobre las averiguaciones previas que se integraran contra los Cabrera, así como dar apoyo jurídico a las personas de esa organización que llegaran a ser detenidas.
Según ella, Juan Carlos le aseguró que, por ser fiscal, tenía el poder de detener cateos y el control de los testigos protegidos. En ese momento, dice, le mostró una foto en su celular en la cual aparece al lado del Grande.
Libre refirió que ese mismo día Juan Carlos le dijo que tenía las declaraciones del Grande contra El Calentura, por lo que le cobró 50 mil dólares y le ofreció convertirlo en testigo protegido. Un día de noviembre de 2011, Luz María Moreno Flores, hermana del Calentura, citó a Víctor Omar Martínez Ferrara en una casa de cambio de su propiedad, ubicada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, con la finalidad de darle el dinero para que se le hiciera llegar a De la Barrera.
El 24 de abril de 2012 ratificó sus declaraciones. Y cuando le mostraron seis fotografías, “identificó a Juan Carlos como fiscal de la SIEDO encargado de los testigos protegidos, quien –dijo– le proporcionó un número de averiguación previa”. No obstante omitió decir que le entregó dinero. Con el resto de los personajes fue precisa.
En su declaración del 6 de mayo de 2012, Martínez Ferrara contradijo a Libre, quien presuntamente es su novia. Dijo que ella le entregó los 50 mil dólares a Juan Carlos, de los cuales sólo 30 mil eran para De la Barrera, otros 30 mil pesos para él y 25 mil dólares para el contacto de la SIEDO.
“Sin embargo conocí al capitán Guerra, quien pide 500 mil pesos para apoyar el asunto del Calentura. Mi novia me pide el dinero de regreso y se lo entrega a Guerra”, comentó Martínez Ferrara.
Cuando Libre se presentó en la SIEDO y pidió acogerse a la figura de testigo protegido la acompañó su chofer Eynar Rodrigo Lozano Mendoza, e hizo la misma solicitud. Las autoridades le asignaron la clave X.
X rindió tres declaraciones. En la del 5 de junio de 2012 afirmó: “A Víctor de la Barrera se le entregaron los 50 mil dólares por entregarle a su pareja sentimental documentos relacionados con El Calentura”. Con relación a De la Barrera señaló que era el encargado de los testigos protegidos en la SIEDO.

La versión de la defensa

Alberto Btze Rangel, abogado de Juan Carlos de la Barrera Vite, señala más irregularidades: “Libre, quien supuestamente se llama Esther Yadira Huitrón Vázquez, se presentó de manera voluntaria a las 9:30 del 1 de febrero de 2012, pero según su declaración en este acto no se identificó por no contar con un documento oficial. El problema es que no se identificó en ese acto ni en ningún otro. Lo mismo sucede con X”.
Este es el origen de la averiguación previa contra su cliente, dice el abogado, a quien acusan de que vendía información al Cártel de Sinaloa. Para ser exactos, añade, aun cuando los testigos aseguran que conocieron a Juan Carlos en diciembre de 2011, él había dejado de trabajar en la SIEDO un año antes.
Nadie declaró que Juan Carlos haya vendido información cuando era trabajador de la SIEDO; además, insiste el defensor, los hechos a los que hacen referencia los testigos se iniciaron más de un año después de que él salió de la dependencia. “Esa es una incongruencia. Es imposible que haya tenido acceso a la averiguación previa cuando hacía más de un año que ya no trabajaba en la subprocuraduría”.
Y agrega: “La única que declaró contra Juan Carlos es Libre. Revisé la agenda y la parte en que asegura haberle entregado 60 mil dólares a Juan Carlos está escrita con letra distinta a la de ella. Es una anotación apócrifa”.

Fuente Proceso