UAM, corrupción académica

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La corrupción es transversal. No aparece sólo en la prestación de servicios públicos, en el manejo de los recursos del erario, sino en toda actividad humana, incluso en la académica.
Casualmente las universidades sujetas por doble vía (ley local y ley federal) al escrutinio público siguen siendo reacias a la transparencia bajo toda clase de argumentos como lo ha comprobado la jurista Perla Gómez Gallardo en su obra Transparencia Universitaria, retos y oportunidades (Jus, 2012). La invisibilidad de la corrupción hormiga genera incentivos para que se reproduzca porque no tiene costo alguno seguir cometiendo actos indebidos.

Las personas de a pie están a expensas de la buena voluntad de que se les aplique o no correctamente la ley porque no están en el radar de la opinión pública. Eso, es precisamente lo que debe empezar a cambiar. Aquí comento un caso de lo que afirmo porque estoy convencido de que hay que dar voz a quienes casi nunca tienen cabida en los medios.
Primero. El Dr. Luciano Segurajáuregui Álvarez es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el área de diseño. Sus cartas credenciales académicas y profesionales no tienen tacha, pero no forma parte de la opinión publicada ni tiene relaciones para que se respeten sus derechos como académico. Paradójicamente la UAM tiene el mejor tabulador de remuneraciones académicas del país porque es beneficiaria de los incentivos económicos que se otorgan a las instituciones de educación superior de las entidades federativas, creados para lograr la descentralización del conocimiento, aunque esté en el DF. Luciano ha hecho de la vida académica parte fundamental de su vida, pero al no formar parte de camarilla alguna es castigado, marginado. El mundo al revés. De la lectura de los documentos que tengo en mi poder advierto una violación reiterada a sus derechos humanos. En efecto, Licenciado con mención honorífica, maestría y doctorado de excelencia, Luciano tiene una categoría académica que correspondería a quien empieza una carrera en la academia, a pesar de tener varios años y recibido distintos premios y reconocimientos. Dice el adagio popular que dependiendo el sapo es la pedrada, pero aquí se les ha pasado todo.
Segundo. En las universidades públicas, las categorías y concursos están sujetos a reglas lógicamente preestablecidas, pero la UAM tiene un sistema de “puntos” como si se tratara de las estampillas de los álbumes que compraban los niños de mi generación. De acuerdo al número de “puntos” se gana o se pierde en la ruleta académica de la UAM. El gran problema, como siempre, está en la interpretación, en la aplicación de la norma al caso concreto, puede ser estricta o laxa, bajo argumentos sofisticados o burdos. Este último es el caso de lo que vive Luciano.
Quien cuantifica los “puntos” de este académico es la Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño de la UAM integrada por la Arq. María de Lourdes Sandoval Martiñón (Presidenta), el Dr. Aarón José Caballero Quiroz (Secretario), el Dr. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, el Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya, el D.C.G. Pedro Daniel Saxer Uhler, el Arq. Edmundo Méndez Campos, el M.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón y el Mtro. Enrique Bonilla Domínguez. En la vida académica la regla general es que el académico sea evaluado por pares y el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt correctamente establece una rigurosa serie de requisitos para pertenecer a sus comisiones dictaminadoras y evaluar a sus miembros. Aquí, en esta comisión de la UAM, para abrir boca, se puede comprobar que la mayoría absoluta de sus integrantes está compuesta por personas con menor grado académico que el evaluado!!!. Es como si en el ejército, sargentos, cabos y tenientes definen la promoción o no de un general.
Tercero. De la lectura, por ejemplo, del dictamen número CDA09.074.12, de fecha 6 de junio de 2012 de la comisión de referencia se puede ver cómo se fundamenta la negativa, pero no se motiva; es decir, citan el precepto normativo correcto, pero no razonan por qué es aplicable al caso concreto de Luciano. Sobra decir que los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución crean lo que se denomina el principio de seguridad jurídica que no es otra cosa que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Este principio es la base del Estado de derecho. ¿Por qué hicieron esto con Luciano? Porque sabían que nada pasaría, que no tendría ningún costo y que las disposiciones legales son una poesía para aplicarlas según el humor, la conveniencia o cualquier otra razón ajena a derecho. Por si lo anterior no fuera suficiente de lo que ahí sucede al amparo del bajo perfil de esa institución, profesores con menores prendas académicas como Jorge Alberto Jacobo Martínez (Grado de Maestría y Titular B), Ernesto Noriega Estrada (Grado de Maestría y Titular A) y Francisco Mata Rosas (Licenciado y Titular C). Por supuesto, todas las impugnaciones le han sido denegadas a Luciano. No hay duda de que como afirma Orwell todos somos iguales pero unos más que otros. Seguiré con el tema como lo he hecho con el @STCMetroDF.

Fuente Proceso