Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (apro).- Falta de recursos humanos y económicos, así como la ausencia de respaldo político son algunos de los principales obstáculos para materializar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, alertaron organizaciones civiles.
A un año de la promulgación de la legislación que creó el mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, dichos grupos demandaron la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para corregir los “graves obstáculos y fallas” que persisten para la adecuada implementación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En una carta firmada por activistas agrupados en el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil, urgieron a Osorio Chong a sostener un encuentro con la ONG y le notificaron las tres principales fallas identificadas en un diagnóstico que fue entregado a la subsecretaria Lía Limón, encargada del funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Al cumplir un año de la publicación en el Diario Oficial de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señalaron que la primera de las tres principales dificultades detectadas tiene que ver con la falta de acceso a recursos, debido a que no se ha creado el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para la operación del mecanismo, que por ley le corresponde a Osorio Chong hacer lo conducente para su instalación.
Las organizaciones firmantes resaltan que pese a que desde hace un año se legisló su existencia, “el mecanismo no cuenta con el personal necesario ni con todas las áreas operando para realizar las actividades que se requieren para su adecuado funcionamiento”.
Ante esa deficiencia, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil pidió a Osorio Chong “procurar que se dote al Mecanismo de los recursos humanos suficientes y asegurar su capacitación”.
Desde la operación del Mecanismo, detectan las organizaciones, “ha carecido de respaldo político e institucional que requiere para su adecuada implementación a nivel federal, estatal y municipal”.
Fuente Proceso
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