Guerrero, estado sin gobierno

Ezequiel Flores Contreras

Guerrero es un muestrario de problemas: sociales, económicos, de seguridad y de corrupción. La actual administración tropezó con todos, y algunos los creó o empeoró. En este contexto, el gobernador Ángel Aguirre decidió irse al extranjero para promocionar el turismo, en vez de abocarse a resolver los conflictos que hacen a la entidad poco atractiva. Los guerrerenses son los primeros en decirlo. La multiplicación de grupos de autodefensa y el rechazo de los empresarios evidencian el divorcio con su gobernante.

CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- A pesar del clima de inseguridad y violencia que se vive en la entidad, el gobernador Ángel Aguirre Rivero decidió viajar a Estados Unidos donde estará dos semanas para “promocionar los destinos turísticos”. Como encargado de despacho dejó a su hombre de confianza, el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva.
Aguirre se aleja mientras el estado es atenazado por la narcoviolencia y en medio del surgimiento de grupos de autodefensa que se multiplican ante la falta de confianza en las autoridades. Por omisión o nexos con la delincuencia, afirman sus críticos, Aguirre no garantiza la paz ni el desarrollo social.
El ambiente se crispó aún más en los últimos días, luego de que alcaldes de Acapulco, Norte, Centro, Costa Grande y Tierra Caliente se declararon incompetentes para frenar la narcoviolencia.
Tres activistas –entre ellos el dirigente perredista Arturo Hernández Cardona– fueron asesinados a tiros tres días después de que un comando los levantara en Iguala, junto a cinco personas más que lograron escapar.
Además, una ola de secuestros contra trabajadores del gobierno estatal agrava la percepción de ingobernabilidad. Entre los levantados están dos sobrinos del encargado de despacho del gobernador, Jorge Salgado Leyva, quienes trabajan en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), así como una instructora del Instituto de Formación y Capacitación Policial (Infocap), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC).
A la mitad de su administración, el gobierno de Aguirre muestra una “incapacidad brutal” y refleja “un Estado fallido” porque se encuentra rebasado en todos los aspectos, señala el diputado local priista Rubén Figueroa Smutny. Ejemplo de ello es el conflicto magisterial, la narcoviolencia y el surgimiento de los grupos de autodefensa ante la inoperancia gubernamental para garantizar seguridad.

Negociación

El conflicto magisterial desatado desde finales de febrero pasado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en rechazo a la reforma educativa, puso en jaque a la administración de Aguirre, pues exhibió su incapacidad de operación política para resolver tensiones sociales.
El mandatario tuvo que destituir de la Secretaría de Gobierno a su mentor y principal hombre de confianza, Humberto Salgado Gómez. En su lugar designó al exdiputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Florentino Cruz Ramírez, quien se declara admirador del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se caracteriza por su talante déspota y autoritario.
Al gobernador no le quedó más remedio que negociar la aplicación de la ley con la dirigencia del magisterio disidente: su gobierno pagó la fianza de una veintena de integrantes de la CETEG, quienes se encuentran sujetos a proceso penal por manifestaciones pacíficas y no por los actos vandálicos que ocurrieron durante los dos meses que duró el conflicto, según expedientes judiciales consultados por Proceso.
El dirigente de la CETEG, Minervino Morán Hernández, confirmó que el gobierno estatal pagó las fianzas de los cetegistas a través de Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador, quien sigue fungiendo como coordinador de Proyectos Estratégicos a pesar de que desde el año pasado se anunció su destitución tras el escándalo por acusaciones de nepotismo que enfrentó el mandatario postulado por la izquierda.
El dirigente magisterial justificó el hecho con el argumento de que se trata de un acuerdo político: “El gobierno estatal provocó el conflicto y el gobierno está obligado a resolverlo”, dice a Proceso.

Autodefensa

En Chilpancingo, comerciantes y empresarios encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Meléndez Cortés, solicitaron asesoría al activista mixteco Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) e impulsor de grupos de autodefensa en la Costa Chica.
Durante un encuentro realizado el lunes 17, los representantes empresariales denunciaron que la gente de Chilpancingo está “secuestrada y asfixiada” por la delincuencia y corrupción, lacras que han sido “toleradas y fomentadas”. Acusaron de esta situación al gobernador y al alcalde Mario Moreno Arcos.
Como respuesta, al día siguiente el nuevo secretario de Seguridad Pública, Javier Lara Montellanos, anunció en una conferencia de prensa la transformación del sistema policiaco en la entidad. El nuevo, enfatizó, imitará el esquema de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, para recobrar la confianza de la sociedad.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 1912 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Fuente Proceso