Expulsaron a ministeriales de Cherán por presuntos nexos con el narco

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el retiro de al menos cinco policías ministeriales y de la agencia del Ministerio Público de la población indígena de Cherán, en el estado de Michoacán.
Un día antes, el Concejo Mayor del gobierno comunal de Cherán había decidido cerrar la base de la PGJE ante la ausencia de resultados en las investigaciones sobre diversos delitos, entre otros el asesinato de siete comuneros y la operación de bandas de talamontes.

Además, el órgano de gobierno autónomo expresó su sospecha de que los ministeriales estatales están involucrados en diversos actos ilícitos.
Trinidad Ramírez, integrante del Concejo, reveló que los agentes ministeriales han sido señalados por habitantes del lugar por actuar como informantes de grupos criminales, e incluso de estar involucrados en hechos delincuenciales.
No obstante, este miércoles el encargado del despacho de la Procuraduría, Marco Vinicio Aguilera Garibay, manifestó que luego de los señalamientos las autoridades comunales no han interpuesto alguna denuncia penal.
Incluso, señaló que no se ha aportado prueba fehaciente de lo que se imputa tanto al agente del Ministerio Público como a los elementos de la Policía Ministerial.
De acuerdo con Trinidad Ramírez, hay versiones de que los agentes ministeriales no se dedicaban a investigar los ilícitos que acontecían en esa comunidad purépecha, sino que presuntamente se dedicaban a obtener información para utilizarla con supuestos fines delictivos.
El acuerdo fue tomado por la Comisión de Honor y Justicia del Concejo Mayor, instancia que funciona en Cherán desde febrero de 2012 en sustitución del ayuntamiento.
Los habitantes de Cherán también desconocieron a los partidos políticos, cuyas sedes llevan cerradas desde 2011, y la Policía Municipal fue también relevada por una guardia civil denominada Ronda Comunitaria.
La Comisión de Honor y Justicia determinó ayer que los ministeriales estaban “haciendo mal uso de su estancia en la comunidad”, por lo que se les pidió que se retiraran, explicó Ramírez.

Fuente Proceso