La guillotina se esconde en las leyes secundarias

Juan Carlos Cruz Vargas

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consultados por Proceso se lanzan contra Gobernación, en particular contra el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, pues afirman que aun cuando se comprometió a hacer llegar al Congreso los acuerdos de los 10 foros regionales sobre la reforma educativa para que los legisladores los incluyeran en sus debates, no se los entregó. Por lo demás, el no haber discutido la ley secundaria del Servicio Profesional Docente es “dejar para después el último mecate con el que nos pueden ahorcar”, advierte el dirigente de la Sección XVIII de la CNTE, Juan José Ortega.


Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se dicen engañados por la Secretaría de Gobernación, pues sostienen que el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava no presentó las propuestas surgidas de los 10 foros de consulta –nueve locales y uno nacional– al Congreso de la Unión.
Esos foros, insisten, recogieron las opiniones y propuestas de maestros, pedagogos, académicos, padres de familia y de representantes de sectores sociales y de comunidades indígenas sobre las implicaciones de la reforma educativa. De ahí el malestar porque, dicen, los legisladores simplemente no las consideraron, aun cuando la CNTE exigió a Gobernación un cabildeo político para que sus propuestas fueran incluidas en el debate legislativo en torno a la reforma educativa.
El resultado, insisten, fue lamentable, pues las modificaciones a la Ley General de Educación y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa –ambas propuestas por el Ejecutivo–, fueron aprobadas tal cual, mientras que la General de Servicio Profesional Docente quedó fuera.
Esta última ley secundaria establece la evaluación obligatoria de los maestros, los concursos de oposición, las sanciones contra los faltistas, las comisiones sin goce de sueldo y el detalle de un sistema de evaluación que otorga tres oportunidades para aprobar o dejar fuera del aula a los profesores.
El viernes 23, al cierre de edición, Francisco Bravo, dirigente de la Sección IX de la CNTE, confirmó a Proceso que hubo una negociación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el subsecretario de Gobierno Miranda Nava. El propósito: extender el diálogo en torno a esa ley secundaria hasta el lunes 26 con la Junta de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como con autoridades federales, a cambio de la liberación de vialidades aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quitar el cerco magisterial en torno a las sedes legislativas.
El acuerdo se dio luego del anuncio de las medidas económicas adoptadas por la empresa Aeroméxico ante “la contingencia por el cierre de accesos al aeropuerto” y la eventualidad de que se prolongara más allá de 24 horas.

Continuarán los bloqueos

Los maestros no ceden y, según sus dirigentes, mantendrán el plantón en el Zócalo. El no haber discutido la ley secundaria es “dejar para después el último mecate con el que nos pueden ahorcar”, asegura a Proceso el líder de la Sección XVIII de la CNTE, Juan José Ortega.
Entrevistado en el cruce de Antonio Caso y Madrid, en la colonia Tabacalera, cerca del Senado, el dirigente de la Sección IX, Francisco Bravo, reitera: “La CNTE dijo: vamos a la construcción del diálogo, vamos a los acuerdos, precisamente para no llegar a esta etapa, de tensión, de conflicto. Si ellos hubieran cumplido lo que prometieron, sencillamente el conflicto no tendría este cauce.
“Desde abril establecimos un canal de comunicación con Gobernación, así como una ruta, y esa ruta era realizar foros regionales. Ellos se comprometieron a escuchar las propuestas de los maestros. Pero resulta que cuando terminó ese proceso, las leyes que se filtraron y las que se dieron a conocer hace algunos días son exactamente las mismas”.
Los foros se realizaron entre el 31 de mayo y el 12 de julio en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sonora, Baja California, Veracruz y San Luis Potosí, y concluyeron con un foro nacional en la Ciudad de México.
Cinco días después, el 17 de julio, representantes del magisterio de Michoacán, Oaxaca y el Distrito Federal acudieron a Bucareli para entregar los resolutivos de los foros:
“No venimos a que la Secretaría de Gobernación haga una función de cartero con las cámaras de Diputados y Senadores. Queremos un compromiso serio de que efectivamente este esfuerzo de consulta a miles de maestros será escuchado”, expusieron.
El subsecretario Miranda Nava se comprometió, dicen, a entregar el documento a los integrantes del Pacto por México, así como a los legisladores. Pero no cumplió, según Juan José Ortega, representante de los maestros de Michoacán. El funcionario no entregó los resultados de la consulta a la gente del Pacto por México ni a los legisladores; ninguno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro se enteró de los resultados de los foros, reitera el dirigente.
El miércoles 21 por la tarde, el presidente de la junta, el panista Luis Alberto Villarreal, así como los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el del PRD, Silvano Aureoles, admitieron que nunca vieron las propuestas de la CNTE.
“La pregunta del miércoles 21 a los diputados era si conocían las propuestas y hubo un no rotundo –relata Ortega–. Eso demuestra lo que ya habíamos dicho; por eso desconfiamos de la buena voluntad del Estado. (El encuentro en Gobernación) lo veíamos como una manera de administrar el conflicto. Por eso decimos que hay un incumplimiento y lo basamos en hechos reales”.

La contrapropuesta de la CNTE

Rubén Núñez, secretario de la Sección XXII, y los demás líderes de la CNTE propusieron a los legisladores no someter a discusión ninguna de las leyes reglamentarias hasta que no se analizaran los resultados de los 10 foros. Los líderes parlamentarios no aceptaron. Villarreal advirtió que si los maestros no retiraban el cerco de las instalaciones de San Lázaro los diputados subirían al pleno las tres leyes secundarias.
“Ellos nos pedían retirarnos a cambio de no subir a discusión la Ley General de Servicio Profesional Docente. Nosotros hicimos contrapropuesta y dijimos que no. Ninguna ley debe discutirse, mucho menos votarse, mientras no se abra un periodo de discusión donde nuestras propuestas sean tomadas en cuenta”, precisa Bravo.
Y esgrime dos razones: posponer la aprobación de esa ley no garantiza nada, pues en tres semanas pueden subirla a tribuna y pasarla exactamente como está, dice; el otro argumento es que las leyes son vinculantes, puesto que la definición de una tiene que ver con la otra.
“En la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa –expone– se alude al ‘servicio profesional docente’. Si se aprueban las dos leyes, la tercera pasa automáticamente porque está definida en otra ley. Es un asunto vinculante. Además, en términos de posición política, no podemos decir a nuestros compañeros que nos dejamos matar lentamente, que permitimos que pasen dos leyes y luego se aplique la otra”.
Hasta la medianoche del viernes 23 el cerco magisterial en San Lázaro continuaba. Las avenidas y calles aledañas estaban tapizadas de plástico, hule espuma, cartones, periódicos y casas de campaña. En las inmediaciones del Senado la situación era similar.
En el Zócalo un collage de mantas, lonas y casas de campaña obligó al cierre de la estación del metro y a cambiar de sede varias actividades culturales e incluso la ruta del maratón del domingo 25.
Para Ortega, dirigente de la Sección XVIII, la reforma educativa se enmarca en “un proceso tan cochino –esa es la palabra, enfatiza–, tan manoseado por los mismos diputados que nos atendieron, pues aun cuando dijeron desconocer el contenido de los dictámenes de los foros, aprobaron la ley justo cuando se los estaban entregando”.
Alza la voz y suelta: “No hubo nunca una verdadera discusión, no hubo una condición de revisión para ver si eran propositivas o no. Fue un proceso impuesto desde el gobierno federal, desde el Ejecutivo, para tener las condiciones de agredir sindical y laboralmente a todos los trabajadores de la educación sin importar que eso lesione los derechos de nuestros niños”.
–¿Quién es el responsables de que los legisladores no conocieran los resultados de los foros? –se le cuestiona a los dirigentes de la CNTE.
Responde Ortega:
–Más allá de saber quién es el responsable, debemos ver qué tipo de gobierno tenemos: un gobierno autoritario, vertical, impositivo, proclive a los premios o castigos. Tiene secuestrado el Poder Legislativo a través de Pacto por México y con la imposición en la toma de decisiones. Esto vale la pena ponerlo a consideración por las nuevas reformas que se presentan, la energética y fiscal, que si tienen el mismo trato que se les está dando a la reforma educativa, imagínese qué tipo de país vamos a tener.

Contra el linchamiento mediático

El dirigente de los maestros michoacanos insiste en que está en riesgo la soberanía nacional y la gobernabilidad, porque lo único que puede cosechar un gobierno de este tipo es una insatisfacción en la población.
“Cuando se habla de la afectación a los millones de alumnos, porque nosotros estamos en paro, responsabilizamos directamente al gobierno federal y a quienes participan en la toma de decisiones, en este caso los diputados, senadores y los secretarios de Educación Pública y de Gobernación”, dice.
Bravo, de la Sección IX, aclara que la CNTE no está contra la evaluación, aunque así lo considera el “linchamiento mediático” contra los maestros democráticos.
“El concepto de evaluación –explica– es diferente. Mientras que para ellos es medir, nosotros la consideramos una cuestión más integral, pues convergen grandes elementos. La otra es que la evaluación debe tener un carácter formativo, no punitivo. Ellos plantean una evaluación con castigo; esas no son condiciones para que un maestro desarrolle correctamente su función.”
–Entonces, ¿el hecho de que los diputados hayan bajado la iniciativa de Ley General de Servicio Profesional Docente no les beneficia a ustedes?
–Ellos han buscado un escenario político que les sirva para continuar con el linchamiento en contra de los docentes. Dicen que dejan esta ley a un lado porque es la que nos va a afectar. Es mentira. Nosotros estamos preocupados por una verdadera reforma educativa y rechazamos todas las leyes reglamentarias.
“Del lado pedagógico, significa que las aportaciones que hicimos en diferentes foros es que estamos de acuerdo en una reforma educativa, pero en una reforma que contemple en primer lugar la revisión de los planes, del programa, de los libros de texto, del enfoque de la evaluación”.
Por lo pronto, concluye, no hay acuerdos con las autoridades en torno a la reforma educativa. Para los integrantes de la CNTE lo único que hay es una campaña de linchamiento en los medios de comunicación.
“Nos ponen como vándalos, gorilas… Somos miles y miles los gorilas en todo el país que nos estamos movilizando en 20 estados de la República con diferente intensidad”, ironiza Ortega, y sentencia: “Por procedimiento didáctico, a un maestro no le puedes estar imponiendo; él es, debe ser, parte de las decisiones”.

Fuente Proceso