Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Independiente de Derechos Humanos
de Morelos (CIDHM) solicitó al presidente Enrique Peña Nieto emitir la
declaratoria de alerta de violencia de género, tras “13 años de
feminicidios imparables” en Morelos.
En conferencia de prensa,
Juliana Quintanilla y José Martínez Cruz, integrantes de la CIDHM,
presentaron un informe detallado de 530 feminicidios cometidos en
Morelos desde el año 2000 a junio de 2013.
El estudio fue
entregado a Peña Nieto, así como al Instituto Nacional de las Mujeres,
para alimentar las peticiones que ha hecho la organización civil desde
2012, para que se declare la alerta.
El informe, que también fue
entregado a la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y a la representación de Amnistía
Internacional, consta de más de 300 páginas y tiene como fuentes de
información expedientes proporcionados por el Tribunal Superior de
Justicia de Morelos, solicitudes de información a las dependencias de
procuración de justicia, testimonios de familiares de víctimas, así como
hemerografía.
“A pesar de que desde el año pasado hay una
tipificación del feminicidio en el Código Penal del estado, y también
hay protocolos de investigación, hasta ahora no existe ningún caso que
oficialmente se haya considerado un feminicidio, no hay un solo
procesado o sentenciado por ese delito”, comentó Juliana Quintanilla,
responsable de la investigación.
De acuerdo con el estudio, de
2000 a 2005, 122 mujeres fueron asesinadas en Morelos; a partir de 2006
el fenómeno se fue acrecentando. En ese año hubo 37 mujeres asesinadas;
un año después la cifra fue de 54; en 2008, 36 y en 2009, 37; en 2010 la
cifra anual fue de 47; mientras que los dos años siguientes se agudizó
el problema, con 70 y 92 casos en 2011 y 2012, respectivamente, en tanto
que en los primeros seis meses de 2013, se contabilizan 35
feminicidios.
Del análisis de la organización se concluye que los
municipios morelenses donde las mujeres corren mayores riesgos son
Cuernavaca, Jojutla, Jiutepec, Yautepec, Huitzilac y Temixco.
José
Martínez Cruz explicó que ellos contabilizaron el más de medio millar
de casos a partir de revisiones de casos que cumplían con algunos de los
seis supuestos que convierten un simple homicidio en un feminicidio
establecido en el Código Penal.
Contó que en Morelos casos que
tienen rastros de feminicidios con extrema violencia que sin embargo son
considerados como homicidios simples o incluso como accidentes.
“Empezamos
a ver noticias que hablaban de mujeres que aparecían muertas en
carreteras, y que la autoridad consideraba que era un accidente, pero
después llegaban los familiares y nos decían que cómo iba a considerarse
un accidente si los cuerpos aparecían desnudos y con rastros de
violencia física y sexual”, apuntó Martínez Cruz.
Ambos defensores
destacaron que si bien la mayor parte de los casos ocurrieron con los
gobiernos panistas de Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame,
quienes se negaron a aceptar el problema, el gobernador perredista Graco
Ramírez Garrido Abreu se ha sumado a esa cerrazón.
“Graco no da cifras, pero dice que nosotros exageramos y, es más, reta a hacer un estudio de hombricidio, en un acto de burla hacia las mujeres”, agregó Martínez Cruz.
“El
Instituto Morelense de las Mujeres se ha negado a realizar un estudio
para confirmar nuestra preocupación, porque dice que para hacerlo
requiere 800 mil pesos. Nosotros le decimos que aquí está un informe
serio, que pueden revisar si es que quieren proteger a las mujeres”,
dijo Quintanilla.
En la conferencia de prensa, la feminista
Josefina Chávez lamentó que los intereses políticos tengan mayor
relevancia que la seguridad de las mujeres, y consideró como “falta de
voluntad política” que hasta ahora no se haya admitido las solicitudes
de alerta de género en entidades como Estado de México, Guanajuato,
Nuevo León, Hidalgo y Oaxaca.
Advirtió que lo único que se provoca
con negar la declaratoria de alerta de género “es incrementar el número
de mujeres asesinadas, porque no hay castigo para los responsables, y
la impunidad es el mejor alimento para el delito”.
Fuente Proceso
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