MÉXICO, D.F., (apro).- La necesidad de sumar ingresos para la familia
y el rezago educativo que hay en el país mantienen a alrededor de tres
millones de menores entre los cinco y 17 años de edad en diversas
actividades laborales en el campo, las calles y todo tipo de negocios,
afirmó Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Esa situación, considera el
investigador, hace necesario reformar el artículo 123 de la Constitución
para prohibir la ocupación de menores de edad en actividades laborales
que, en ocasiones, ni siquiera es remunerado.
Cuatro de cada 10 de
menores, según Sánchez Castañeda trabajan sin recibir remuneración
alguna, ya que lo hacen para algún familiar.
A ellos se suman
otros 20 millones de menores que realizan distintas labores en sus
hogares; el 12%, dos millones y medio, destina, al menos, 15 horas de su
tiempo a la semana a quehaceres domésticos y otro 7%, alrededor de 24
horas.
El investigador considera que para eliminar toda actividad
que atente contra la integridad y dignidad de este sector de la
población y evitar que interfiera con su educación y desarrollo físico y
psicológico, el Estado debe comprometerse para establecer los 15 años
como la edad mínima de admisión al empleo.
Actualmente, la
constitución garantiza a todos los mexicanos el derecho a la educación
básica obligatoria hasta los 15 años, es decir hasta el bachillerato,
por lo que el investigador afirma que ahora en necesario modificar el
artículo 123 constitucional para prohibir la ocupación de menores de
esta edad.
Dicha modificación “representa una de las mayores
reformas legislativas que tendría que impulsar el país e implicaría la
concientización de la sociedad mexicana”, afirma el especialista.
Se considera trabajo infantil toda tarea que priva a un menor de su niñez integral e impide su desarrollo físico y psicológico.
Recientemente, recuerda el investigador, el tema fue incluido en el texto constitucional.
Las
modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, determinaron las
actividades que pueden desempeñar los mayores de 14 años y menores de
16, y los trabajos prohibidos para los mayores de 16 y menores de 17.
Sin
embargo para el coordinador del Área de Derecho Social de Jurídicas, es
necesario establecer con claridad la prohibición general del trabajo
infantil, sin necesidad de referirse a ciertas ocupaciones.
El
investigador considera que el compromiso del Estado es fundamental para
cumplir la meta de eliminar el trabajo infantil para el año 2020.
Actualmente,
afirma Sánchez Castañeda, la necesidad de apoyar el ingreso familiar,
sumado al rezago educativo que tiene el país, hace que las familias
consideren “normal” privar a los menores de la educación para enviarlos a
trabajar.
Ese fenómeno, señala, se da en mayor medida en el
ámbito rural donde los padres sin instrucción básica, con grandes
carencias económicas y familias numerosas, requieren que sus hijos
colaboren con el sustento del hogar.
Para erradicar esa situación
deben instrumentarse políticas públicas para la generación de empleos
bien remunerados y fortalecer el combate al rezago educativo en el país,
sostiene el investigador.
Fuente Proceso
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