Jesús Cantú
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los fenómenos naturales son inevitables pero sus consecuencias sí pueden mitigarse y minimizarse, aunque al revisar la historia de estos eventos en México parece que no es así, toda vez que año tras año el recuento de daños es interminable y repetitivo. Las razones son evidentes: negligencia, incapacidad o corrupción de las autoridades.
La semana pasada dos huracanes azotaron los estados costeros mexicanos: Ingrid en el Golfo de México y Manuel en el Pacífico. El segundo fue el que más daños causó y vidas humanas cobró. Hasta el jueves 19 los reportes oficiales hablaban de 97 muertos y 68 desaparecidos por el deslave del cerro en la comunidad La Pintada, de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Una rápida comparación de lo que hoy sucede en Guerrero con lo ocurrido en 1997 (hace 16 años), cuando Paulina azotó al puerto de Acapulco, permite evidenciar la ineficacia de las autoridades en ambos casos. Si bien las cifras cambian, los impactos y las consecuencias son prácticamente los mismos.
Al paso del tiempo, sin embargo, las recomendaciones se olvidan, al punto de que algunas obras que se erigieron han vuelto a ser devastadas por nuevas precipitaciones pluviales, y otra vez se autorizan costosos desarrollos inmobiliarios cuyos asentamientos en zonas de alto riesgo se vuelven a permitir.
Las crónicas de lo sucedido en octubre de 1997 en Acapulco como consecuencia del huracán Paulina consignan exactamente los mismos daños que hoy: cortes en el tramo de Chilpancingo de la Autopista del Sol, en la carretera escénica entre la zona Diamante y el puerto, en la carretera a Pie de la Cuesta, afectaciones en los aeropuertos y en el sistema hidrológico del río Papagayo… En aquellos días también se habló de precipitaciones atípicas, de 411 milímetros en menos de 24 horas.
El periódico La Jornada de Guerrero, en su editorial del pasado martes 17, señaló que, como hace 16 años, las tormentas dejaron al descubierto “la falta de responsabilidad de quienes han construido viviendas en zonas de riesgo, con el concurso, la mayoría de las veces, de la propia autoridad (…) la situación no ha cambiado mucho: la mayor afectación ocurrió en lugares ya dictaminados como de riesgo”…
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1925 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Fuente Proceso
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