Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) denunció que México ha incumplido la sentencia condenatoria
derivada de los abusos cometidos por miembros del Ejército en agravio de
los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera.
A casi tres años de que el tribunal dependiente de la Organización de
Estados Americanos (OEA) emitiera dicha sentencia por la
responsabilidad internacional del Estado mexicano en la violación a los
derechos “a la integridad personal, libertad, protección judicial y
otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel”, la CoIDH
consideró que no han sido acatados los puntos más importantes ordenados
en 2010.
Montiel y Cabrera, miembros que fueron detenidos en 1998 por soldados
del Ejército, quienes los torturaron e inculparon falsamente de los
presuntos delitos de portación de armas y posesión de enervantes. Los
integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán nunca reconocieron los cargos y aun así
fueron encarcelados hasta que en 2001 el entonces presidente Vicente Fox
intervino para lograr su excarcelación, luego de una fuerte campaña
internacional que exigía se reconociera su inocencia.
En un comunicado, las organizaciones que llevaron la defensa
internacional de Montiel y Cabrera, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) dan cuenta de que el pasado 21 de agosto
la CoIDH dio a conocer su primer balance del seguimiento del
cumplimiento del caso Cabrera García y Montiel Flores vs México.
En el documento, puntualizan las organizaciones, la CoIDH sostiene
que “el Estado mexicano sigue sin cumplir reparaciones esenciales
ordenadas en su sentencia. Dichas medidas tienen relación con la
reparación de los daños con miras a garantizar que este tipo de
violaciones no vuelva a ocurrir”.
En cuanto a las investigaciones por los abusos contra los campesinos
ecologistas, el organismo interamericano destacó que “a más de dos años
de haberse iniciado una averiguación previa se han realizado pocas
diligencias judiciales tendientes a determinar a los presuntos
responsables”.
Por ello la CoIDH exigió al Estado mexicano “que realice dentro de un
plazo razonable las diligencias pendientes dentro de la averiguación
previa”, iniciada después de la resolución del organismo de la OEA.
En ese sentido, las organizaciones que defendieron a los campesinos
ecologistas recordaron que “está ampliamente documentada la tortura
sufrida por las víctimas, además de que algunos de los responsables se
encuentran plenamente identificados, por lo que a pesar de haber
transcurrido 14 años desde los hechos están disponibles todos los
elementos para que avance la investigación”.
Uno de los puntos no acatados es la reforma al Código de Justicia
Militar “para garantizar que las violaciones a derechos humanos sean
investigadas y juzgadas por autoridades civiles”, toda vez que “el
artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la
Convención Americana”, por lo que el tribunal de la OEA ordenó
reformarlo.
Este incumplimiento es grave si se considera que la reforma al código
castrense fue ordenada además de en este caso en otros tres en los que
la CoIDH encontró que México tenía responsabilidad internacional en la
desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974 en el
contexto de la llamada “guerra sucia”; y en los casos de abuso sexual de
las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo
Cantú.
En su resolución de seguimiento, la CoIDH “reiteró la obligación del
Estado de modificar sus registros de personas detenidas para evitar
violaciones a derechos humanos” e informó que seguirá monitoreando el
avance del cumplimiento de la sentencia en este caso, destacaron el
Centro Prodh y CEJIL.
Fuente Proceso
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