Los desaparecidos en México, tema visible… en Europa

Yetlaneci Alcaraz

BERLÍN (apro).- Coahuila, al igual que todo México, enfrenta una crisis humanitaria en la que la violencia y las desapariciones forzadas están a la orden del día.
Tan sólo en ese estado del norte de país se calcula que en los últimos cinco años han desaparecido mil 600 personas. La cifra se eleva si se considera que no todos los casos se conocen.

Así lo denunció Alma Rosa García, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en el marco de una gira que realizó por cinco países de Europa para hacer visible el tema de las desapariciones forzadas en México y los abusos contra migrantes centroamericanos.
De cara al próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará el 23 de octubre en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y en el que México será evaluado por segunda ocasión en el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de  derechos humanos, la joven activista se entrevistó con autoridades de Suiza, Holanda, Francia, España y Alemania para exponer la crisis humanitaria que vive su estado y plantear una serie de recomendaciones a tomar en cuenta dentro de la evaluación.
“El tema de las desapariciones forzadas nos tiene como país bajo una gran crisis humanitaria. El Estado mexicano ya ha reconocido una cifra oficial de 27 mil personas desaparecidas, pero sigue sin reconocer el grado de involucramiento que también tiene como Estado”, explica en entrevista con Apro.
Desde el año 2009, tanto el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan de Larios como el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, vinculados ambos con la labor pastoral del obispo de Saltillo, Raúl Vera, se ocupan del tema de las desapariciones forzadas en Coahuila y realizan una labor de acompañamiento y apoyo a los familiares.
“Comenzamos desde 2009 con la búsqueda de 21 personas. Hasta agosto de este año, la cifra creció a 314 casos, que nosotros personalmente tenemos documentados, pero las cifras oficiales dicen que en todo el estado el número de desaparecidos asciende a mil 600″, explica.
En todos estos años de trabajo, los activistas coahuilenses han logrado determinar el perfil y características de todos estos hombres y mujeres que de pronto, un día cualquiera y sin motivo aparente, desaparecieron.
Por principio, las ciudades donde se tienen documentados los eventos son las principales de la entidad: Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova. En la mayoría de los casos se trata de gente joven, cuya edad oscila entre los 11 y 35 años. Sólo en 17% de los casos se trata de mujeres, aunque en este último año la cifra de jóvenes desaparecidas ha aumentado, de acuerdo con la información proporcionada por García Guevara.
Al menos desde 2009 y hasta 2011, muchas de las desapariciones tuvieron lugar en carreteras o en la calle, y se trató de gente que en la mayoría de los casos no era originaria del estado. En los últimos tiempos se han sumado víctimas oriundas de la entidad y los lugares de rapto se han diversificado, al grado de que muchos de los desaparecidos han sido sacados de sus propias casas.
“La manera en la que se dan las desapariciones son de forma colectiva. Se llevan a la gente en grupos de ocho o 12 personas. Son una especie de redadas y no entendemos por qué no se hace de forma individualizada”, detalla Alma García.
Como última característica del fenómeno, la coahuilense menciona que las víctimas pertenecen a sectores profesionales muy diversos: estudiantes, ingenieros, médicos, microempresarios, técnicos en telecomunicaciones, etcétera.
Y ello lleva al tema de los motivos por los que presuntamente el crimen organizado estaría cometiendo esta práctica atroz: “Existen testimonios que hablan de trabajo forzado en el que los desaparecidos serían utilizados para el traslado y procesamiento de la droga; también es de suponer que otra parte podría ser integrada forzosamente a la estructura criminal como halcones o sicarios, al ver el perfil tan específico de algunas de las víctimas. Otros serían obligados a utilizar su conocimiento técnico para la instalación de sistemas de vigilancia o comunicación avanzados.
“Nosotros también pensaríamos en una hipótesis en la que la desaparición forzada se realiza como un método de terror, en el mismo contexto de terror de la guerra contra el crimen organizado”, añade la joven activista.
Al respecto, Alma García rechaza la táctica del gobierno federal, que para referirse a los desaparecidos utiliza el término levantados. “Ese término implica un cierto grado de involucramiento y condiciona a la gente a pensar que fueron levantados porque algo malo hicieron, lo cual no es correcto (…) Otra línea del gobierno con la que no estamos de acuerdo es la que indica que  la gente desaparece por confusión, por equivocación, y que al darse cuenta de ello, los criminales los matan”.
Tal diagnóstico sobre el tema de la desaparición forzada en Coahuila fue presentado en cada una de las reuniones que García Guevara sostuvo con autoridades de distintos gobiernos europeos. Destaca, por ejemplo, el encuentro que sostuvo en Ginebra con representantes de 30 misiones diplomáticas y las reuniones con funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia, España y Alemania.
“Hubo muy buena recepción de parte de los gobiernos. Algunos se mostraron muy abiertos e interesados por conocer las versiones de las ONG (organizaciones no gubernamentales). En el caso de Francia, por ejemplo, encontré que están muy receptivos y que en absoluto desconocen la situación que hay en México. Y en prácticamente todos los casos se comentó que, por supuesto, al tema de la desaparición forzada tendría que  dársele continuidad porque el asunto ya quedó planteado en las recomendaciones del primer examen (de evaluación ante la ONU)”, señala.
Y es que dentro de las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo al Estado mexicano como resultado del primer EPU, realizado hace cuatro años, se encuentra justamente la petición de tipificar la desaparición forzada y crear una ley al respecto.
“A esta recomendación no se le ha dado cumplimiento. De los 32 estados de la República Mexicana, sólo 16 han tipificado el delito. Tampoco ha prosperado la iniciativa de ley para desaparición forzada y la mantienen en el cajón en la Cámara de Diputados”, reprocha.
Como propuesta, la joven integrante del Centro Fray Juan de Larios presentó a los gobiernos con los que se entrevistó una serie de recomendaciones que podrían adoptar para, a su vez, hacerlas al Estado mexicano. Y éstas tienen que ver fundamentalmente con la creación en México de un mecanismo de búsqueda de desaparecidos que cuente con personal especializado y dedicado exclusivamente a ello; el desarrollo de una política de Estado que prevenga, investigue y sancione la práctica de la desaparición forzada; la armonización de leyes en la materia, y el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2011 por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Durante la gira europea, la activista mexicana, invitada por Brigadas Internacionales por la Paz Alemania, aprovechó también para entrar en contacto con  diversas organizaciones no gubernamentales europeas con el propósito de establecer políticas y estrategias para difundir en sus respectivos gobiernos la situación en materia de derechos humanos en México.

Fuente Proceso