Implican en peculado a exgobernador de Aguascalientes

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes (PGJ) está en espera desde hace dos meses de que el juez Sexto de lo Penal, Alfredo Quiroz García, conceda o niegue la solicitud para que se libre una orden de aprehensión en contra del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con una nota publicada por el diario Reforma, la solicitud también incluye al exsecretario de Finanzas del exmandatario, Raúl Cuadra García, quien fue diputado federal en la pasada legislatura.
El exgobernador panista y Cuadra García están involucrados en un expediente judicial en curso por la desaparición de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos, asunto que provocó la detención del exdirector del Instituto de Salud de Aguascalientes, Ventura Vilchis Huerta.
Según la indagatoria, Reynoso Femat, quien el pasado 7 de abril reapareció públicamente, durante la elección interna para definir al abanderado del PAN a la alcaldía de la capital, habría ordenado directamente realizar una compra ficticia del tomógrafo que nunca llegó al estado.

Hasta ayer, ni Cuadra ni el exgobernador habían solicitado un amparo para evitar su detención.
La orden de aprehensión contra el exdirector del Instituto de Salud, Ventura Vilchis Huerta, se cumplió mientras el exfuncionario estatal se encontraba en Zacatecas, donde se desempeñaba como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Luego de ser internado en el Centro de Readaptación Social de Aguascalientes, el exfuncionario pagó una fianza de 8 millones de pesos, fijada por el Tribunal Colegiado, que le permitió continuar su juicio en libertad.
En primera instancia, el juez Sexto de lo Penal, quien lleva el proceso, le había fijado una fianza de 16 millones de pesos, que garantizaba el costo del equipo y su libertad, pero la defensa de Vilchis Huerta impugnó la determinación.
El extitular de Salud ya había ganado en el Tribunal Contencioso Administrativo la sanción que le impuso la Secretaría de Fiscalización, que lo inhabilitaba por 15 años para ocupar cargos públicos y le exigía resarcir los 13.8 millones de pesos que costaba el tomógrafo.
“No se obtiene convicción de la existencia de la responsabilidad del actor (Ventura Vilchis), por lo que es ilegal la resolución definitiva impugnada, al no acreditarse que el actor hubiera incurrido en alguna causa de responsabilidad”, señaló la resolución del tribunal, en su sentencia 1254/2011.
Sin embargo, además del expediente administrativo, existía la indagatoria penal, en la que sí procedió la detención de Vilchis Huerta.

Fuente Proceso