La empresa Gas Natural Fenosa apostó "a
una decena de pistoleros" en los terrenos donde se realizan los trabajos
y el domingo 19 agredieron a balazos a Celestino Bartolo quien logró
huir.
Rosa Rojas
Hombres
armados intentaron asesinar a Celestino Bartolo Terán y secuestrar a
su hija, Sara Bartolo, así como a María del Carmen Sánchez
Martínez, los tres integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo
Juchiteco (APPJ) que se opone a la construcción en Juchitán,
Oaxaca, del parque eólico Bii-Hioxo por parte de la empresa Gas
Natural-Fenosa (GNF).Al denunciar lo anterior, la APPJ y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), informaron que a raíz de que el sábado 18 de mayo se bloqueara el acceso al sitio de la citada construcción por el lado del camino que va a Unión Hidalgo, GNF apostó "a más de una decena de pistoleros que actúan como ‘guardias blancas’ en los terrenos donde se realizan los trabajos", y que el domingo 19, esos individuos, "que se encontraban al interior de una camioneta blanca suburban propiedad de la empresa Gas Natural Fenosa" agredieron a balazos a Celestino Bartolo Terán, quien logró huir a caballo.
Detallaron
las organizaciones citadas que el lunes 20, alrededor de las 14.30
horas, Sara Bartolo, quien participa en el campamento de la APPJ que
bloquea el paso de los empleados de GNF en Juchitán por el lado de
Playa Vicente, recibió una llamada de presuntos sicarios en la que
le indicaron que tenían en su poder a su amiga Carmen y le exigían
que levantaran el campamento y se entregaran ella y Carlos Sánchez,
del equipo de Radio Totopo, o de lo contrario no volvería a ver a su
amiga. Indicaron que Carmen logró zafarse de sus captores y huir
abordando un mototaxi.
La
APPJ y la APIIDTT indicaron que Celestino Bartolo es un indígena
zapoteca, quien desde el año 2007 está en la lucha contra Unión
Fenosa. En 2009 después de denuncias y movilizaciones, él y otros
campesinos binnizá lograron la anulación de los contratos con la
empresa. Sin embargo, ahora GNF no está respetando las tierras de
sus compañeros y "pretende apropiarse de terrenos comunales de
Juchitán en complicidad con los coceistas Mariano López Santana,
Alberto Reyna Figueroa, Héctor Sánchez y los priistas Porfirio
Montero Fuentes y Daniel Gurrión Matías, quienes controlan un grupo
de sicarios encabezados por Francisco López Chente", alias Chicu
chente.
Ambas
organizaciones responsabilizaron a la empresa española GNF, al
gobierno estatal de Gabino Cué y al Gobierno Federal "de la
violencia y conflictividad que se vive en el Istmo de
Tehuantepec, al imponernos este megaproyecto eólico sin respetar
nuestros derechos como pueblos indígenas" así como de la
integridad física, moral y sicológica de Celestino Bartolo,
de Sara Bartolo, de Carmen Sánchez y de todos los que están
organizados y en la resistencia contra el megaproyecto eólico en el
istmo de Tehuantepec.
Exigieron
asimismo el respeto irrestricto al derecho de los pueblos indígenas
a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado y la
cancelación inmediata de dicho megaproyecto, en especial del
proyecto de GNF, Bii Hioxo en tierras comunales de Juchitán de
Zaragoza.
Por
otra parte, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) informó que este lunes el Relator
Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James Anaya, recibió
en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos, a una
comisión de integrantes de la Alianza de Mujeres Indígenas de
México y Centroamérica y de la Red de Jóvenes Indígenas de
Centroamérica y México, quienes presentaron una denuncia contra los
gobiernos federal mexicano y estatal de Oaxaca, por las graves
violaciones a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de
Tehuantepec por la imposición de parques eoloeléctricos.
Las
denunciantes hicieron entrega a Anaya de un escrito donde se señalan
diferentes violaciones a los derechos de las comunidades istmeñas,
mismas que no han sido informadas ni consultadas y que han sido
criminalizados y perseguidos los campesinos y pescadores que se han
venido oponiendo a estos proyectos.
En
el documento se hacen además señalamientos en contra del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y las empresas trasnacionales
Mareña Renovables y Gas Natural Fenosa "por utilizar medios
ilegales y sobornos para contratar tierras bajo condiciones leoninas,
las cuales significan un despojo disfrazado de legalidad",
indicó UCIZONI.
Agregó
que Anaya comento a las comisionadas que ya ha emitido
recomendaciones sobre este tema al gobierno mexicano y ha expresado
su preocupación por la gran cantidad de quejas expresadas por los
pueblos indígenas en torno a la violación a su Derecho a la
Consulta.
Fuente La Jornada
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