Incertidumbre en el ciberespacio

Marco Appel

En el marco de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI) realizada del 3 al 14 de diciembre en Dubái, un grupo de países encabezados por China y Rusia presentó un proyecto para que los gobiernos pudieran controlar internet dentro de sus territorios. Si bien la propuesta fue rechazada, lograron incluir en el tratado final de la conferencia y en sus anexos disposiciones que permiten la intervención de los Estados –a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones– en la gestión jurídica y política de la red, lo que, a juicio de expertos y activistas, atenta contra el acceso democrático y la libertad en el ciberespacio.
BRUSELAS (Proceso).- Durante la pasada Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI), México se alió con Estados Unidos y Europa para echar abajo una propuesta de China, Rusia y otros países que pretendía otorgar a los gobiernos el derecho a controlar internet.

Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto suscribió el tratado final (o actas finales) de dicho encuentro, el cual, según los defensores del uso libre y abierto de internet, marca un primer paso hacia el control de ese medio digital por parte de los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El tratado final de la conferencia –celebrada del lunes 3 al viernes 14 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos– incluye el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales (RTI), con carácter obligatorio, así como varios anexos de acuerdos y resoluciones de cumplimiento voluntario.
A diferencia de México, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Canadá y Australia, entre otras naciones desarrolladas, se rehusaron a firmar el tratado final, ya que a su consideración incorpora temas relacionados con el funcionamiento de internet y abre la posibilidad de que la UIT y sus Estados miembros puedan intervenir en su gestión jurídica y política. En particular, uno de los anexos, la Resolución PLEN/3, refiere una participación “más activa” de la UIT en la operación de internet.
La CMTI fue oficialmente convocada por los países de la UIT con el propósito de actualizar el RTI, que permite la operatividad global del sector y que data de 1988.
El bloque de países encabezado por Estados Unidos y Europa exigió que en la conferencia no se incorporara ningún asunto relativo a internet. No obstante, varias naciones encabezadas por China, Rusia y el propio anfitrión del encuentro, Emiratos Árabes Unidos –a los que Reporteros Sin Fronteras califica como “enemigos de internet” por imponer medidas de censura a sus internautas– lograron que se discutiera la posibilidad de que la autoridad sobre internet recayera en la UIT. Este organismo sesiona a puerta cerrada, en completa opacidad, y sólo toma en cuenta a los negociadores de los Estados asociados.­
Esos tres países, además de Arabia Saudita, Argelia y Sudán, presentaron –de manera sorpresiva y sin entregar una copia a las demás delegaciones– una propuesta conjunta que sirviera de base a las negociaciones del RTI. Ese documento pudo conocerse gracias a que fue filtrado a través de la página de internet Wcitleaks.
La propuesta del eje sino-ruso definía que “la gobernanza de internet debe tener efecto a través del desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos”, y que los Estados integrantes de la UIT “guardan el derecho soberano para establecer e implementar políticas públicas, incluyendo la gestión internacional, sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza de internet”.­
También especificaba que “los Estados miembros tienen el derecho de administrar todos los nombres, números, direcciones y fuentes de identificación usados por los servicios internacionales de telecomunicaciones en sus territorios”.
Luego de un intenso cabildeo entre los bloques adversarios, finalmente la propuesta sino-rusa fue anulada en sus partes más controvertidas. La delegación mexicana fue una de las que se opuso a la propuesta, al lado de la estadunidense y las europeas.
Modelo multipartes
Para organizaciones e instituciones que pugnan por la continuidad del modelo de acceso democrático a internet, como la ONG francesa La Quadrature du Net o el propio Parlamento Europeo, este tipo de disposiciones tiene consecuencias: abre la posibilidad de prácticas de corte totalitario, como la vigilancia y la identificación de los usuarios con fines represivos, así como el riesgo de que la censura y el control nacional se extiendan en el ciberespacio con el aval de la comunidad internacional.­
Lo anterior crearía un “internet fragmentado”: cada país establecería sus propios estándares y protocolos de interconectividad.­
Actualmente varias organizaciones independientes se ocupan de conducir la actividad y evolución de la red internacional, pero sólo en sus aspectos estrictamente técnicos y de gestión, como es el caso de International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Governance Forum (IGF) o la Internet Society (ISOC).
Ese modelo, conocido como multipartes, es defendido por organizaciones no gubernamentales que abogan a favor de los derechos de los internautas, como la citada ISOC o Electronic Frontier Foundation, pues, afirman, permite que la red no esté sometida a ninguna institución o gobierno.
No obstante, muchos Estados remarcan que en la actual gobernanza de internet Washington ejerce una significativa influencia, por lo que es necesario trasladar el control de la red a una instancia intergubernamental ya existente, o en su defecto crear una nueva estructura de gobernanza de internet, como lo han propuesto Brasil, India y Sudáfrica.
Estados Unidos, a través de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio, sostiene actualmente varios contratos de desarrollo tecnológico con una de las instancias principales en la gestión de internet, la ICANN.
Este organismo privado, establecido legalmente en Marina del Rey, California, y sujeto a las leyes estadunidenses, se encarga de manejar aspectos técnicos determinantes para sistematizar el acceso a internet, como el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés) y las Direcciones IP.
Aunque el gobierno estadunidense no goza de autoridad estatutaria sobre ICANN, la influencia única que ejerce sobre ella es reconocida por el mismo Congreso de ese país en un reporte interno presentado el pasado 12 de febrero.
Gobiernos proactivos
China, Rusia y los países afines no lograron incorporar sus propuestas más radicales, pero eso no impidió que el tratado final de las negociaciones en la CMTI (RTI y anexos) incluyera disposiciones controvertidas. Los bloques persistieron respecto a la futura gobernanza de internet.
La mayoría de los firmantes del tratado final son países africanos y de Medio Oriente. Además de México, los otros países latinoamericanos que lo signaron fueron Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Belice. En total, 89 de los 144 Estados participantes en la conferencia de Dubái lo adoptaron, incluyendo a Rusia y China.
El jefe de la delegación estadunidense, Terry Kramer, manifestó que el gobierno de Barak Obama rechazó avalar el tratado final debido a que éste amplía el campo de jurisdicción de la UIT al contenido de la red internacional o a su tutela. Aseguró que el conjunto de dicho documento “presenta elementos de lenguaje que buscan establecer un control gubernamental sobre la gobernanza de internet”.
Suecia –como los otros países contrarios al eje sino-ruso– cuestionó la incorporación de la Resolución PLEN/3. Acusó que ésta “no refleja el panorama entero del entorno y la situación de internet y de su gobernanza”. Esa resolución consta de una página y lleva como título Fomentar un entorno propicio para el mayor crecimiento de internet.
En ella se reconoce que “internet es un componente central de la infraestructura de la sociedad de la información, por lo que después de ser una herramienta con fines académicos y de investigación, ahora es un recurso mundial disponible para el público”.
Una de las partes más controvertidas de la resolución encarga al secretariado general de la UIT “tomar las medidas necesarias” para que este organismo “desem­peñe un papel activo y constructivo en el desarrollo de la banda ancha y en el modelo multipartes de internet”.
Más aún: el texto resolutivo “invita a los Estados miembros a que detallen sus posturas sobre cuestiones técnicas, de desarrollo y de política pública internacional relacionadas con internet, que sean competencia de la UIT, en distintas instancias de este organismo, como el Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones de la UIT, la Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital y las Comisiones de Estudio de la UIT”.
La delegación sueca remarca su inconformidad con el inciso “e” de la resolución. Ésta “reconoce que todos los gobiernos deberían tener un papel y responsabilidad equitativa en la gobernanza internacional de internet, así como en el mantenimiento de la estabilidad, de la seguridad y de la continuidad del internet actual y de su evolución”. También menciona “la necesidad para los gobiernos de elaborar políticas públicas en consulta con todas las partes implicadas”.
Ese inciso, acusa Suecia, no está contextualizado y tiene su origen en un manejo incorrecto del punto 55 de la Agenda de Túnez, relativo a los compromisos acordados por los Estados en la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información de 2005.
En ese texto los gobiernos reconocen que “a través de los mecanismos vigentes para la gobernanza de internet se ha logrado convertir a éste en el medio sólido, dinámico y de gran cobertura geográfica que es hoy en día”, pero que “el sector privado dirige las actividades cotidianas, y en su periferia se innova y se crea valor”.
Asimismo, el gobierno de Estocolmo considera que la resolución de la CMTI no toma en cuenta a todos los actores implicados en las cuestiones relativas a la red y “no reconoce los formatos multipartes y de autodesarrollo que funcionan y evolucionan actualmente en internet”. E insiste: los temas en torno a la web “deben quedar fuera de las Regulaciones Internacionales de Telecomunicaciones” de la UIT.
Cumplimiento voluntario
El viernes 14, el estadunidense Vint Cerf, considerado el padre fundador de internet, declaró a la revista especializada Ars Technica que los documentos de la CMTI implantan una fuerte incertidumbre en el ciberespacio y que nunca había estado en tanto riesgo la libertad de ese medio.
El veterano investigador Jerry Brito, de la Universidad George Mason y creador del sitio Wcitleaks, dijo a la misma publicación que los países signatarios del tratado final plantean en el fondo que ellos podrían eventualmente adoptar restricciones a la utilización de la red.
Señaló que, a pesar de que no es vinculante, el simple hecho de que existan tales documentos significa que los Estados podrán discutir en la ONU o sus foros el funcionamiento de internet.
El corresponsal buscó al jefe de la delegación mexicana en la CMTI, Luis Felipe Lucatero Govea, jefe de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Debido al periodo vacacional no fue posible encontrarlo, pero Angelina Mejía, funcionaria de la oficina de Comunicación Social de la dependencia remitió al reportero al comunicado oficial divulgado el miércoles 19.
De manera general, el gobierno mexicano manifiesta que “el tratado refuerza la soberanía nacional, fomenta la sana competencia y fortalece los derechos del país en el ámbito de las telecomunicaciones internacionales”, y considera que “respeta la libertad en la administración de internet”.
Respecto a la polémica, tal comunicado se limita a “destacar el rol de México en la negociación multilateral exitosa que logró sacar toda referencia a internet de los artículos del tratado”, aunque confirma que, “al igual que la mayoría de los países, México estuvo a favor de incluir, como anexo, la resolución” PLEN/3, la cual –minimiza el boletín– “no forma parte del Reglamento, no tiene fines regulatorios, y únicamente representa un acuerdo de voluntad entre los países firmantes”.­
Lo que sí contiene el tratado de la UIT en el RTI–y así lo reconoce el comunicado mexicano– es la obligación de que los Estados miembros, por un lado, “procuren las acciones necesarias para evitar la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas (spam)”, y por otro, “garantizar, individual y colectivamente, la seguridad y robustez de las redes de telecomunicación internacionales”.
A ese respecto, el viernes 14 Sally Wentworth, directora de políticas públicas de Internet Society, advirtió al servicio de noticias IDG que esas normativas podrían ocasionar que varios países adopten regulaciones restrictivas que les permitan filtrar los contenidos de internet, lo que violaría el derecho a la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión.
El doctor Alejandro Pisanty, que preside el Consejo de la Sección Mexicana de la Internet Society –fundada en 1992 y considerada la autoridad moral y técnica más influyente del mundo informático–, había recomendado a la delegación encabezada por Lucatero que rechazara cualquier disposición que restringiera la libertad en la red.
El doctor Pisanty –profesor de la UNAM y el único mexicano que formó parte del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet de la ONU, cuyos trabajos sirvieron de base a las negociaciones de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Túnez de 2005– envió una carta pública el 11 de diciembre a los funcionarios de Cofetel que negociaban en Dubái.
En ella dice: “Observo que la conferencia discute temas como spam, que ustedes señalaron se opondrán a que sea tema de la misma. Ojalá con expresiones como la mía se fortalezcan ustedes para rechazar no sólo el tema en la conferencia, sino su remisión a eventos posteriores y a grupos de trabajo, grupos de estudio o comités de cualquier tipo”.
También comenta que el tema de seguridad sigue presente en las discusiones de la CMTI y que se le ha tratado de reformular con términos como “resiliencia” o “robustez”.
Asegura que “la comunidad de internet –innovadores, operadores, usuarios– cuenta con mecanismos avanzados para proveer y mejorar constantemente” las variables de estabilidad, seguridad y robustez.
“Además, dichos mecanismos –prosigue– cumplen con los requerimientos participativos ‘multipartes’ demandados por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en materia de Gobernanza de Internet, como no es el caso para la UIT y en especial la CMTI. Por ello, también apelo a que ustedes contribuyan a rechazar este tema.”

Fuente Proceso