Ciudad de México.- El cardenal Juan Sandoval Íñiguez –quien participó el martes 12 y el miércoles 13 en el cónclave que eligió al Papa Francisco– guardó silencio acerca de las actividades de un sacerdote acusado de cometer abusos sexuales contra menores y de las cuales tuvo noticia.
Cuando aún era arzobispo de Guadalajara, el prelado se negó a colaborar en la investigación sobre el sacerdote Nemorio Villa Gómez, como sale a la luz en documentos desclasificados por la arquidiócesis de Los Ángeles. Así consta en un memorando del 24 de octubre de 2009 de Michael Myers, en ese momento vicario en esa congregación, a Marge Graf, consejera general de la misma: “Se recibió otra denuncia en 2008. En ese momento se creía que el padre Villa estaba viviendo en Guadalajara y fue enviada una carta al arzobispo de Guadalajara notificándole del alegato. Nunca se recibió respuesta”, dice el religioso en la nota consultada en línea por Proceso.
En una carta del 23 de mayo de 1994, con copia a Sandoval, el entonces vicario de esa congregación, Timothy Dyer, le pide a Villa que se reúna con él cuando llegue a Los Angeles.
Víctor Ballinas
La extorsión telefónica es uno de los ocho delitos
que más impactan a la sociedad después del homicidio, el secuestro y
las lesiones generadas por ataques de la delincuencia. Actualmente cada
24 horas se intentan más de 6 mil 700 extorsiones, es decir, 2.4
millones al año en todo el país, y de ellas en 30 por ciento de los
casos los delincuentes consiguen su objetivo.
El senador priísta Jesús Casillas Romero destacó que en promedio,
cada año más de 700 mil personas son extorsionadas y los montos que les
exigen van de mil a 80 mil pesos; indicó que las entidades más afectadas
por este delito son Distrito Federal, estado de México, Michoacán,
Jalisco, Tabasco, Nuevo León, Puebla, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas.
El problema aumenta
Ante esa situación, que lejos de decrecer va en aumento,
el legislador solicitó al Senado que se exhorte a la Secretaría de
Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a los gobiernos
del Distrito Federal y de los estados, para que realicen intensas
campañas de difusión donde se informe, se oriente y exista la cultura de
la prevención mediante medidas y recomendaciones a la ciudadanía.
